La Junta reacciona a las críticas de la jueza y crea una oficina para facilitarle documentos

El Gobierno andaluz creará un «dispositivo especial» en la Consejería de Presidencia con personal de los servicios jurídicos de la Junta para atender específicamente y agilizar la información que requiera la jueza instructora del caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, anunció ayer esta medida ante «la cantidad de información» que ha demandado la titular del juzgado 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y como respuesta a las acusaciones que esta hace en dos autos.

La magistrada reprocha a la Junta «cierta falta de colaboración» en el envío de la documentación precisada, considera que la relativa a los intrusos en los ERE es «a todas luces incompleta e insuficiente» y le da de plazo 48 horas para que le remita un largo listado de papeles, entre ellos las actas de todas las reuniones del Consejo de Gobierno de la última década (480) y de los consejos de dirección de cuatro consejerías. Esta petición revela que la jueza investiga si el Gobierno supo de las irregularidades antes de estallar el escándalo.

Preguntada si creía que la petición de tanta documentación y la investigación sobre los consejos de gobierno se puede interpretar como una causa general contra la Junta, Moreno respondió: «Al día de hoy no tenemos más que pensar que la jueza está investigando y persiguiendo un presunto fraude en las prejubilaciones de los ERE».

El Gobierno andaluz trató ayer de digerir el varapalo de la jueza, que en cierto modo desmonta su mensaje de colaboración activa con la justicia y transparencia en el escándalo de los ERE. Y lo hizo con flema británica: «No vamos a polemizar con el juzgado, porque el juzgado y la Junta compartimos el mismo objetivo, que es perseguir a los responsables del presunto fraude que se haya podido cometer», manifestó Mar Moreno no una vez, sino varias, cada vez que los periodistas le interrogaban con el objetivo de conocer la opinión del Gobierno sobre las críticas de la jueza.

El Gobierno no opina sobre las deliberaciones de los jueces, aunque Moreno defendió que la fluidez de documentos enviados al juzgado ha sido «profusa y activa», habiéndose remitido ya más de 25.000 folios. Mar Moreno explicó que hasta ahora cada consejería atendía las peticiones por separado y de ello ha podido derivar las quejas de retraso, pero que a partir de ahora la anunciada oficina coordinará y supervisará todos los requerimientos de la jueza para mejorar esa fluidez «al cien por cien».

Menoscabo de fondos

La consejera de Presidencia también defendió la actuación «correcta»de la Intervención General de Hacienda durante los años en que se produjo el fraude en los ERE ( 2001 a 2009). En uno de los autos, la jueza hace una severa crítica al papel de la Intervención por no haber emitido ningún informe de actuación sobre el procedimiento para pagar los ERE «sobre todo cuando en los informes de cumplimiento se ponía de manifiesto (...) la existencia de circunstancias que por su importancia podían ocasionar un menoscabo de fondos públicos».

El consejero de Empleo, Manuel Recio, afirmó ayer en Córdoba que ha remitido ya al juzgado la investigación completa de los ERE. Esta ha concluido con 72 intrusos y 111 discrepancias administrativas, lo que suman 183 irregularidades en 32 de las 68 empresas investigadas.

Del listado de 24 empresas con intrusos han desaparecido tres incluidas en la primeras tandas de la investigación, como son Cydeplast, Cash Lepe y Graficromo. Según la Junta, no hay intrusos en estas. Por contra, Empleo ha detectado a siete prejubilados no adscritos a ningún ERE, considerados ipso facto como intrusos.