Las Aletas, ¿solución o fiasco?

El polígono industrial de Las Aletas es una necesidad imperiosa para la creación de empleo en nuestra provincia. Cádiz tiene la mayor tasa de paro de España y necesita urgentemente gran cantidad de suelo industrial donde poder instalarse las empresas necesarias para crear empleo. La gran superficie de marismas degeneradas de que dispone y su ubicación geográfica convierten a Las Aletas en la mejor opción. Empresarios, sociedad civil, administraciones autónoma, provincial y central, ayuntamientos y los partidos políticos estamos todos de acuerdo y apoyamos este proyecto. Sólo los ecologistas se han manifestado en contra y han logrado paralizarlo por la incapacidad de gestión demostrada por la Junta de Andalucía.

Llegado este momento hay que analizar y valorar la viabilidad futura de este proyecto dado que el Tribunal Supremo lo ha anulado, así como la expropiación devolviendo la titularidad de los terrenos no públicos a sus dueños. Todos los que apoyamos el proyecto sabemos que tiene que hacerse en su integridad y que no vale hacerlo por fases sin garantías de que pueda completarse en un futuro no lejano y, a día de hoy, no las hay. La Junta de Andalucía ha manifestado que el proyecto se hará, pero sólo ha iniciado unos desbroces en los terrenos de su propiedad para dar sensación de que ha empezado a trabajar y poder hacer otra foto que salve la cara electoral hasta mayo. Pero hay que preguntarse: ¿y después, qué? Por otro lado la Administración central ya no ve claro el proyecto y el Ayuntamiento de Puerto Real sabemos que está buscando otros terrenos para ofrecer. Como se ve, las expectativas se van diluyendo al no haber garantías de disponer de toda la superficie prevista en un corto tiempo que garantice su ejecución total.

El Consejo Rector de Las Aletas ha encargado un estudio a la empresa pública TRAGSA sobre la implantación de un espacio de dimensión suficiente que desempeñen una función tractora para el crecimiento económico, la innovación y creación de empleo en la Bahía de Cádiz que sea compatible con las exigencias judiciales. Dicho documento establece que de las 527 hectáreas del proyecto original, 406 pertenecen al Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que solo las 121 restantes (23%) se puede utilizar para Zona industrial y el resto (77%) para usos exclusivamente medioambientales en los que prevé la fabricación de bienes de equipo para producción de energías renovables, cultivos marinos, centro de recuperación de especies marinas, centro de investigación I+D+i, área medioambiental de uso público e interpretación de la naturaleza, etc.

Analizando el Estudio vemos que la zona industrial, terciaria y de servicios, que como hemos dicho sólo se puede instalar y comprimir en las 121 hectáreas no afectadas por el DPMT, es donde menos concreta TRAGSA su estudio ya que no explícita la naturaleza de las empresas, la inversión prevista, ni la cifra de negocios y sin embargo es donde más empleo prevé se creará, aunque no lo justifique, y que cifra nada menos que en 7.000 los puestos de trabajo de los 10.000 empleos totales del estudio. Le sigue en importancia, con 2.834 puestos de trabajo, la actividad logístico-intermodal condicionada a la creación de una ZAL (Zona de Actuación Logística). La tercera actuación estima en 100 puestos de trabajo los que creará una futurible e hipotética plataforma en la que pueda implantarse una industria relacionada con la fabricación de cimentaciones flotantes "que pueda establecer una relación de fabricación-suministro con Dragados Offshore, propietaria del muelle". Es decir que reduce la fabricación de bienes de equipos para energías eólicas marinas a ser una mera industria auxiliar que tendría que contratarla Dragados, No han tenido en cuenta los redactores del Estudio que quien mejor pueda cumplir con esa función son los Astilleros de Navantia, que están en el mar y no tierra adentro, desde donde sería prácticamente imposible transportar esos elementos y además nos parece un desprecio u olvido a las posibilidades reales que tienen nuestros astilleros para la construcción de las plataformas flotantes y los propios aerogeneradores. Tampoco parece muy viable la propuesta de impulsar la acuicultura, pues si algo nos puede sobrar en Cádiz son miles de hectáreas de marismas, esteros y salinas improductivas, para tener que dedicar el terreno que escasea en Las Aletas a esta actividad. Parece desconocer el Estudio en la propuesta de instalación de industrias acuícolas, de las que existen 52 en nuestra provincia, que su problema no es la falta de suelo, sino la aplicación de la Ley de Costas que confisca su propiedad, por lo que no parece que pueda ser un sector que necesite los servicios de Las Aletas. Tampoco parece que sea viable la propuesta de convertir gran parte de este proyecto en un Área medioambiental de uso público y de interpretación de la naturaleza en lo que sólo son marismas degradadas sin biodiversidad, que no resistiría la competencia del Centro de Los Toruños de gran proyección y ubicado a menos de 10 kilómetros.

Como se ve el Estudio de TRAGSA no recoge un catálogo riguroso de verdaderos nichos de empleos industriales para nuestra provincia, sino que ha hecho un traje a medida de la tela o terreno de que se disponía una vez que el Tribunal Supremo eliminó los usos industriales del 77% de la superficie ocupada por el DPMT. Parece que esté enfocado más a convencer a los ecologistas, para que no se opongan a un proyecto, en el que se les ofrecen grandes posibilidades de trabajos, estudios, investigación y desarrollo de actividades medioambientales, precisamente a los que se han opuesto e impedido un desarrollo industrial acorde con las necesidades de nuestra provincia. Por todo ello nos parece que el proyecto presentado para Las Aletas es más un posible fiasco que la solución.