El PSOE pide que se aclaren las expediciones de talones para dar liquidez a la caja municipal

La investigación por el tema del desfalco de 7,8 millones de euros ha entrado en su recta final y aún hay muchas dudas en torno a la desaparición del dinero, aunque según los indicios que manejan los responsables de rastrear el dinero se ha encontrado una posible relación entre Clemente Ruiz, principal imputado y que permanece en prisión preventiva, y una familia marroquí para desviar las cantidades al país vecino.

A los colectivos y especialmente a los partidos de la oposición les cuesta comprender el descontrol que existía en las dependencias de Economía y Hacienda para que nadie en cinco años fuera capaz de detectar la falta de una cantidad tan grande de dinero. Por ello, desde el principio han reclamado la depuración de responsabilidades políticas y administrativas.

Ahora es el Partido Socialista el que pretende ahondar en esta postura y por ello ha registrado una serie de preguntas encaminadas a esclarecer un apartado concreto de lo ocurrido: la expedición de cheques para dar liquidez a la caja. En total, y según se recoge en la investigación, se libraron 122 talones por un valor de 1,9 millones con la excusa de que hacía falta efectivo en la caja, aunque en realidad no era así ya que en la dependencia de Economía y Hacienda se ingresaba mucho más dinero del que salía en forma de pagos, algo que se evidenciaba en las hojas de caja y los diferentes arqueos, razón por la que los socialistas no entienden que se autorizaran los cobros de forma tan repetida, sobre todo cuando los talones que se le dan a las familias con necesidades económicas no suelen sobrepasar los cien euros.

En el documento registrado en el Ayuntamiento por el grupo municipal socialista hay siete cuestiones claves para esclarecer este asunto. Por ello, se pide la numeración de los talones expedidos así como la persona que los emitió y la fecha. Especial interés se pone en las cantidades que se recogía en cada uno de los 122 talones que se dieron (cuya cuantía oscilaba entre los 5.000 y los 20.000 euros) y el motivo por el que eran extendidos, ya que no se comprende que supuestamente fueran destinados a pequeñas ayudas económicas como por ejemplo la compra de una bombona, por lo que también solicitan el nombre de la persona que los cobró.