Fornell y Trigo recuperan sus sueldos, pero podrían ser expedientados

El exedil de Independientes Portuenses, Juan Carlos Rodríguez, y los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell y Milagros Trigo, detenidos el pasado miércoles dentro de una operación contra la corrupción urbanística en el consistorio portuense, hicieron ayer efectivo los 30.000 euros impuestos a cada uno el pasado viernes por el juez, para evitar ir a prisión.

Con el pago de este dinero, además de garantizar su liberación, los dos técnicos municipales (que son pareja sentimental) han logrado también recuperar sus empleos y sueldos, de los que habían sido suspendidos temporalmente mientras permanecían detenidos. Fornell es jefe de licencias urbanísticas del Ayuntamiento, y Trigo es delineante del equipo de Urbanismo. Ella, además, trabaja junto a la imputada, Isabel Ruiz, en el estudio de arquitectura TEC, que ha sido investigado en la operación. También ha sido imputada la pareja de Rodríguez, Josefa Lojo, propietaria de una boutique de El Puerto.

Según fuentes municipales, el decreto que suspendía de empleo y sueldo a Fornell y Trigo dejó de estar en vigor una vez que abonó la fianza. De hecho, el Ayuntamiento solicitó ayer al juez de instrucción que acreditara el ingreso de los 3.000 euros, para tomar las medidas oportunas. «Los dos deberían volver a sus trabajos», explicaban las mismas fuentes.

A pesar de esto, el equipo de personal y la asesoría jurídica del Ayuntamiento portuense estudian desde ayer si cabe algún tipo de expediente disciplinario contra ambos técnicos, que podrían ser trasladados de departamento hasta que se aclare en la vía penal si participaron en una supuesta trama de concesión de licencias irregulares.

Tanto Jiménez Fornell, como Milagros Trigo y Juan Carlos Rodríguez fueron liberados en la noche del viernes, tras pasar dos días detenidos en los que el juez de instrucción número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, les tomó declaración a ellos, a Isabel Ruiz y a una docena de testigos. Con todo, el juez fijó un plazo de 72 horas que se cumplía ayer para hacer efectivo el depósito de la fianza. Los imputados han tenido que recabar el dinero entre sus allegados, ya que en la operación se les intervinieron sus cuentas bancarias.