Educación delega en una comisión especial la decisión sobre las matriculaciones polémicas

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ultima esta semana un nuevo decreto de escolarización. El objetivo es afinar aún más el que lanzó el curso pasado para evitar problemas en las matriculaciones. Todo apunta a que lo presentará días antes del inicio del periodo de matriculación que comienza el 1 de marzo, pero ya han trascendido las novedades más importantes del borrador de la normativa. La primera de ellas es que Educación delegará en las Comisiones de Garantía las funciones la supervisión y control de la escolarización, con el objetivo de garantizar la distribución equilibrada del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, así como las de arbitrar medidas correctoras cuando estas sean necesarias para el cumplimiento de este objetivo.

Las Comisiones de Garantía (que en principio fueron denominadas de escolarización) estarán integradas por personal de las delegaciones provinciales y representantes de los centros educativos, los padres y madres, el profesorado y las diputaciones y ayuntamientos. Las comisiones se encargarán de velar por el cumplimiento de las normas y garantizar la igualdad de oportunidades. El decreto concretará más la penalización con la pérdida de todos los derechos de prioridad en los casos en los que se compruebe que las solicitudes de admisión incluyen datos y documentos que no se corresponden con la realidad familiar. Las comisiones retirarán todos los puntos y se asignará una plaza vacante al escolar. Además, pondrán estos hechos en conocimiento de la autoridad competente por si pudieran derivarse responsabilidades administrativas o de otra índole.

Esta es una reivindicación de los sindicatos de enseñanza, que han exigido a la Junta que ningún colegio concertado (financiado con fondos públicos) pueda alegar que no dispone de medios para atender en las mejores condiciones a un alumno con necesidades educativas especiales, así como al alumnado que demande acciones de carácter compensatorio.

Para conseguirlo, el borrador del decreto contempla la puesta en marcha de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), que atenderán tanto al alumnado de centros públicos como de centros concertados. Este aspecto es uno de los que aún queda por perfilar, ya que se apunta a que serán los profesores los que irán rotando por los centros educativos para prestar el servicio y evitar el desplazamiento del alumnado.

Según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Andalucía, José Blanco, «el borrador del decreto que ha trascendido incluye las principales propuestas presentadas por CC OO, encaminadas a lograr la matriculación equilibrada del alumnado diverso en todos los centros andaluces sostenidos con fondos públicos».

Hasta aquí todo lo que se aprobará pero el documento era muy ambicioso en sus inicios. El objetivo que se plantean los sindicatos es que haya mayor mezcla de alumnos. Los baremos, que puntúan la cercanía al centro, por ejemplo, y que se hicieron con la intención de favorecer a los vecinos de los colegios se han convertido en un arma de doble filo, ya que a los centros ubicados en barrios socialmente bien situados solo asisten niños de alto poder adquisitivo y las zonas socioeconómicamente depremidas se convierten en guetos. Este nuevo decreto plantea la posibilidad de reservar plazas para inmigrantes en centros concertados.

Sin cobrar

Otro asunto que levantó polémicas durante el curso pasado en Andalucía fue el cobro de aportaciones económicas obligadas en algunos centros concertados. Fue conocido el caso de varios centros de Jaén, pero resultó que el cobro encubierto de cuotas es una práctica más habitual de lo pensado. En este sentido, los sindicatos pretenden que la Consejería de Educación realice un «riguroso seguimiento sobre la obligación de los centros públicos y concertados de no imponer a las familias aportaciones económicas por recibir las enseñanzas», según apuntó Blanco en sus declaraciones. Asimismo, la Consejería de Educación deberá establecer ayudas económicas por servicios complementarios a la familias del alumnado de centros públicos y concertados, a fin de que los motivos económicos no sean en ningún caso causa de exclusión.

La nueva normativa contempla la posibilidad de aumentar hasta en un 10% la ratio establecida por Educación, en caso necesario y justificado. Esta ampliación de la ratio ya se hace pero la decide la Delegación de Educación en cada caso. Si se aprueba este punto, supondría que estas ampliaciones serían mucho más frecuentes. Se ahorrarían algunos contenciosos abiertos con padres por la matriculación de sus hijos en el colegio deseado.

El último trámite que pasó el borrador del decreto fue en la sesión plenaria del Consejo Escolar de Andalucía, celebrada a finales de noviembre en Granada, donde se aprobó el informe perceptivo sobre el documento de escolarización. Según fuentes de Educación, el decreto se presentará antes de que se inicie el proceso de escolarización de este año, es decir, a lo largo de esta semana.