Una orden para vallar Valcárcel resucita la disputa por el abandono del histórico edificio

El mayor edificio del barrio más conocido de la ciudad. Un inmueble de innegable carácter histórico, construido en 1763, que ha sido academia de bellas artes, manicomio, hospicio e instituto. A 20 metros de una de las playas más célebres de Andalucía. Está cerrado desde el año 2000. En 2003, su propietario legal, la Diputación de Cádiz, lo cedió a Zaragoza Urbana para que construyera el primer hotel de cinco estrellas de Cádiz. En octubre de 2010, la empresa se rinde, abandona y alega trabas burocráticas interminables.

El señalado edificio sigue vacío, inutilizado, sin un proyecto que lo rescate en el horizonte. La responsabilidad recae sobre la administración que lo tiene a su cargo: la Corporación Provincial gobernada por el PSOE. Ese monumento a la parálisis es una tentación política demasiado grande para que el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, la deje pasar.

Y ha encontrado un argumento técnico para recordar uno de los mayores fiascos de la gestión socialista en la capital gaditana. Valcárcel empieza a registrar desprendimientos y presenta problemas de seguridad. El recordatorio está servido.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha firmado un decreto para ordenar el vallado perimetral del antiguo hospicio para conseguir que el aparcamiento en superficie que lo rodea tenga garantías de seguridad para usuarios y vehículos.

El gobierno municipal especificó ayer que ha tomado la decisión «por el peligro de caída de cascotes o pequeños desprendimientos» del edificio, en total estado de abandono, a la espera del frustrado proyecto hotelero, hace diez años y sin uso definido en un futuro próximo desde hace cuatro meses.

El aviso formal otorga a la Diputación, como propietaria del edificio, un plazo de 48 horas para la ejecución de algún tipo de cerramiento del entorno, y si no cumplen con ese requisito, el vallado será efectuado por el Ayuntamiento de manera subsidiaria. Es decir, lo asumiría la administración municipal y luego le reclamaría los costes a la provincial.

Los responsables municipales se amparan en que ya se hizo una petición oficial, a través de un requerimiento de ornato, para mejorar la situación en la que se encuentra el edificio. Según el expediente que consta el la Delegación municipal de Urbanismo, a ese requerimiento de ornato se le ha acumulado un expediente de seguridad para evitar cualquier incidencia.

La Diputación Provincial, a través de su vicepresidente y responsable de Patrimonio, Francisco Menacho, aseguró ayer que no tiene notificación oficial del decreto que le da 48 horas para el vallado. Sí admite la recepción del anterior requerimiento de ornato.

El Ayuntamiento como justificación ante posibles acusaciones de utilización política del abandono del edificio, recordó ayer que se limita a ejercer sus «competencias en materia de normas urbanísticas», después de que la promotora Zaragoza Urbana anunciara hace cuatro meses su intención de abandonar el proyecto del hotel de cinco estrellas en Valcárcel.

La notificación municipal añade que, ante la falta de definición del uso que se le va a dar al edificio, tiene el «temor» de que la Diputación Provincial, que es la propietaria actual del edificio aunque esté cedido, deje este equipamiento en «el mayor de los olvidos y el deterioro urbanístico del mismo sea cada vez más acusado».

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco González Cabaña, declaró el pasado noviembre que barajaba distintos usos para el edificio «antes de dejar que se caiga a pedazos».

Según el Ayuntamiento de Cádiz, a cuatro meses de las elecciones municipales, eso ha empezado a suceder.