Alivio y exigencia

El comunicado de ETA anunciando un «alto el fuego permanente, general y verificable» confirma y extiende la declaración de septiembre por la que daba a conocer la «suspensión de acciones ofensivas». La noticia alivia la vida cotidiana de miles de personas amenazadas de muerte o coaccionadas que podrán afrontar los días venideros con mayor tranquilidad, recuperando así parte de la libertad personal cercenada por la violencia de persecución. Junto a esto, la convicción social de que la esperada notificación de ETA se inscribe dentro de un proceso que conduce inexorablemente al final definitivo del terrorismo convierte el comunicado en una noticia positiva. Pero ni la sociedad ni las instituciones deberían permitir que el cauto optimismo al que invita la declaración etarra acabe dando carta de naturaleza al enredo antidemocrático que encierra el comunicado de la banda. Mientras ETA no renuncie definitivamente a la violencia y se disuelva como trama terrorista, sus palabras más o menos esperanzadoras para la paz y la libertad estarán sujetas únicamente a la interpretación que los etarras hagan de ellas en cada momento. Así ha ocurrido en todas las treguas precedentes. La amenaza sigue latente, por mucho que todos deseemos verla tan diluida que deje de atenazar a la sociedad y a la política. ETA ha anunciado un «alto el fuego», no su desaparición. Lo ha calificado de «permanente» como ya lo hiciera en 2006. Le ha concedido un carácter «general» sugiriendo que durante su vigencia no se producirán ni extorsiones ni coacciones. Y ha decidido que «puede ser verificado por la comunidad internacional» con la intención de recabar así una anuencia que se le niega tanto en Euskadi como en el resto de España. Las bases sobre las que la banda terrorista decreta su tregua son tan ofensivas para la democracia y para las víctimas de su cruenta trayectoria que el comunicado resulta algo más que insatisfactorio.

En una entrevista concedida el pasado septiembre los dirigentes de ETA dijeron que renunciaban a tutelar el proceso que se encaminaría hacia lo que su jerga denomina «una verdadera situación democrática en Euskal Herria». Pero resulta imposible interpretar los postulados que la banda terrorista expuso en su comunicado de ayer más que como las condiciones, ciertamente manidas, que los etarras exigirían para dar continuidad a su alto el fuego: un proceso de autodeterminación que desemboque ineludiblemente en la independencia de un territorio que abarcaría a Euskadi, Navarra y el País Vasco francés. En el fondo ETA demanda que «la solución justa y democrática al secular conflicto político» justifique su propia trayectoria mediante el desbordamiento de los marcos jurídico-políticos vigentes a través de un diálogo forzado por la persistencia o el eventual desistimiento del poder fáctico etarra. En su comunicado la organización ETA mantiene tres pulsos a la vez. Consigo misma, porque necesita reafirmarse en la resistencia a cualquier salida que suponga el cuestionamiento de su pasado. Con la izquierda 'abertzale', a la que se niega a facilitar el retorno a la legalidad. Con la sociedad democrática o, si se quiere, con la mayoría social que desearía la inmediata desaparición de ETA y a la que continúa tratando de sortear evocando la existencia de otra mayoría susceptible de someterse a su dictado. El problema es que el comunicado no satisface el anhelo ciudadano de un final definitivo de la amenaza terrorista y se queda muy lejos de la doctrina establecida por los tribunales como para devolver a la izquierda 'abertzale' a la legalidad.