El Ayuntamiento reconoce no tener dinero para rescatar el aparcamiento de la Plaza Mayor

El tema es espinoso. Gobierno local y oposición se culpan mutuamente. El rescate del aparcamiento subterráneo -construido en la Plaza Mayor- tras la marcha de una de las dos empresas que lo explotaba por su falta de rentabilidad, ha obligado al Ayuntamiento a actuar.

Hace semanas anunció su intención de ceder los derechos para explotar este equipamiento a una tercera sociedad. El asunto finalmente ha sido descartado, después de que el pleno del miércoles votara en contra de la operación.

Días antes, el PP había criticado dicha maniobra, que llegó a calificar de «ilegal», e incluso amenazó con acciones judiciales.

Tras el revés plenario, ayer la titular de Urbanismo, Cándida Verdier, lamentaba esta actitud de los populares: «En su ansia por que todo salga mal y cumpliendo su máxima de que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor para Marín, ha dejado al Ayuntamiento en una situación económica realmente complicada y de difícil salida».

Las palabras de Verdier se traducen fácilmente. El Ayuntamiento no tiene (ni quiere pagar) los ocho millones de euros que hacen falta. Las «consecuencias dramáticas» de las que habló ayer la edil son precisamente ésas. Y es que la administración deberá hacer frente a un pago «que no podemos asumir de ningún modo», si quiere que el 'parking' de la Plaza Mayor despierte y reactive la zona.

La unión temporal de empresas que construyó y explotaba el recinto se deshizo tras la marcha de Airesur a causa de la crisis y los malos resultados obtenidos con este negocio. Una nueva entidad surgida de una de las empresas que conformaban dicha UTE solicitó la concesión de la explotación para poner en valor el entorno. «Era una cuestión muy importante para estas empresas, que podrían solventar sus problemas económicos, y también para el Ayuntamiento, pero no ha podido ser», recalca Urbanismo.

Ahora, desde el Ayuntamiento se esgrime un informe de la Intervención municipal, que según explicó ayer Cándida Verdier «asegura que el Ayuntamiento tiene una capacidad económica de 2,4 millones de euros, por lo que no puede afrontar de ningún modo, y menos aún en la situación actual en la que nuestras prioridades evidentemente son otras, este rescate».

En este espinoso asunto que pone la guinda a un proyecto marcado por la polémica desde sus inicios, exigen tres informes técnicos; uno de Contratación, que entiende que no es posible la cesión; otro de un gabinete jurídico de Sevilla, y un tercero de Diputación. Estos dos últimos sí contemplan esa posibilidad sin infringir la legalidad.

De momento, el Ayuntamiento anuncia que convocará «lo antes posible» un pleno extraordinario para resolver el problema sin soltar un solo euros de esos ocho millones que cuesta la solución.