Una máquina derribaba ayer un muro que se encontraba en parte del dominio público del cauce. :: L. V.
Sierra

Inician el derribo de parte de la obra que provocó el desvío del cauce del río Guadalete

El Ayuntamiento consigue que la empresa Inmocentral atienda sus exigencias después de imponerle varias multas coercitivas

GRAZALEMA. Actualizado: Guardar
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Casi cinco años después de que la empresa Inmocentral desviara el cauce del río Guadalete en Grazalema para la construcción de viviendas, se ha iniciado el proceso de demolición de dichas obras. Esta actuación, que se llevó a cabo sin ningún tipo de licencia municipal, provocó un gran revuelo en la localidad puesto que la ilegalidad no se destapó hasta que se produjo la denuncia de Ecologistas en Acción, sin que se actuara de oficio desde el Ayuntamiento.

Dicha empresa creó un canal hormigonado y adornado con piedras por donde pretendía que pasara el agua, utilizando la zona del cauce original para poner en marcha su segunda promoción en la plaza de la Asamblea.

Después de que este caso saliera a la luz, en la localidad se destapó la Operación Pinsapar que terminó con el arquitecto municipal, Juan Prieto, y otras cuatro personas detenidas por, presuntamente, cobrar subvenciones a cambio de licencias. De hecho, en la obra de Inmocentral se destapó que en el proyecto se obviaba el cauce del río y que unos 109 metros cuadrados del edificio estaban en el dominio publico del mismo.

El derribo se ha llevado a cabo después de que el Ayuntamiento lo haya ordenado en varias ocasiones e incluso haya sancionado con dos multas coercitivas a la empresa. No obstante, Inmocentral ha tratado de apurar todos los plazos posibles para que el derribo nunca se ejecutara.

El Ayuntamiento, además, también viene solicitando a Inmocentral, desde abril de 2010, que presente el proyecto de la parte de la construcción que quiere dejar en pie. Para ello estableció un plazo de dos meses en los que la empresa no ha presentado nada. Esta parte de la obra también ha sido objeto de dos multas coercitivas de 14.100 euros cada una.

Por último, el Consistorio también dictaminó establecer hasta cinco sanciones de 9.000 euros cada una, inherentes a la restauración de la legalidad del encauzamiento del cauce del río, las cuales quedaron sin efecto al alegar la empresa que la Agencia Andaluza del Agua tiene pendiente de resolver el recurso de alzada interpuesto en relación con el tema del río.