El PP sopesa que Camps se declare culpable para evitar el juicio

El área de justicia de la dirección nacional del PP trabaja con ahínco para taponar una herida que amenaza gangrena. Los populares asumen ya que Francisco Camps será juzgado por un presunto delito de cohecho impropio en relación a los regalos que supuestamente recibió de una empresa de la trama 'Gürtel'. El contundente pronunciamiento del Tribunal Supremo y el criterio del instructor de la causa en Valencia -que hace un año ya estaba convencido de que existían indicios suficientes para enjuiciar a Camps- han diluido las escasas esperanzas que albergaban los juristas populares de sepultar este sumario.

Sólo existe una fórmula legal para evitar que el presidente pase por el banquillo, aunque se trata de un planteamiento muy delicado desde el punto de vista político. El PP estudia la posibilidad de que Camps asuma su culpabilidad y pague la multa que solicite la Fiscalía en su escrito de acusación. El delito de cohecho impropio pasivo, el que se le imputa a Camps por haber recibido unos trajes de la empresa Orange Market, no acarrea ni penas de cárcel ni de inhabilitación. ¿Cuál sería entonces el beneficio para el mandatario popular valenciano? Evitar el banquillo y encarar las elecciones autonómicas de 2011 libre del sambenito de los trajes y cercenar las voces críticas de otros dirigentes populares que no quieren a un candidato a presidente autonómico ni imputado ni sentado en un banquillo.xSi Camps acepta este camino para evitar la vista oral deberá asumir que ha cometido el mismo delito que lleva más de un año negando.

La autoinculpación de Camps también dejaría en mal lugar a otros dirigentes populares como Rita Barberá, Antonio Basagoiti o Esperanza Aguirre, que esta misma semana dijeron que podrían «la mano en el fuego» por la honradez del jefe de los populares valencianos. Es más, el propio Mariano Rajoy aseguró hace diez días que «eso de los trajes no se lo cree nadie».

Esta estrategia procesal sería, sin duda, un sacrificio para Camps, que ve esta imputación una «conspiración» del Gobierno y de la Fiscalía para facilitar al PSOE una victoria en los tribunales «que no pueden conseguir en las urnas». Y un sacrificio que, además, podría ser en balde.