Detectados ocho casos de síndrome de Diógenes en lo que va de año

La muerte de un anciano, solo, a veces sin más compañía que una mascota o la televisión encendida, es un fracaso global. De todo un pueblo, una ciudad o un barrio. Afortunadamente, esos casos no suelen darse en Cádiz porque las redes familiares pero, sobre todo, las relaciones entre vecinos aún son cercanas.

Aún así, el Ayuntamiento gaditano puso en marcha en el pasado año 2008 un protocolo de actuación para los afectados por el llamado síndrome de Diógenes, que se distingue por el aislamiento comunicacional que mantiene el individuo, la negligencia de las necesidades básicas de higiene, alimentación o salud, la reclusión domiciliaria, el rechazo de la ayuda y la negación de la situación patológica.

El año pasado la Delegación de Asuntos Sociales atendió 19 casos y en lo que va de año, ya son ocho los detectados, lo que significa -de seguir la progresión- que podría terminar el ejercicio con un incremento respecto a 2009.

Los avisos llegan por varias fuentes: por las asociaciones de vecinos, por un particular o bien por la Policía o el sistema sanitario. Una vez detectado, los trabajadores sociales estudian cada caso. Comprueban primero si tiene expediente y se organiza una visita al domicilio, que puede realizarse acompañado de algún representante de los vecinos o de alguien conocido para el anciano.

La siguiente fase es la de coordinar la actuación con el sistema sanitario, con la asociación de vecinos y con los familiares, si los hay o si estos responden positivamente, porque no siempre es así. Finalmente, si se necesita, se inicia un contacto judicial.

Tras analizar el caso, se elabora un diagnóstico, en el que se ponen de manifiesto todas las patologías que pueden ir agregadas al caso: si la persona se ha aislado de la sociedad, si se recluye voluntariamente en el domicilio, si no se asea convenientemente o tiene en malas condiciones su hogar, si acumula en la casa objetos o basura y si rechaza la ayuda de sus familiares y de los organismos públicos o bien, aunque las acepte, tarde o temprano, recae en la situación inicial.

Siempre con el horizonte de la coordinación con las diferentes administraciones y departamentos municipales, se aplican los medios disponibles. Si el afectado se presta a colaborar, lógicamente, todo es mucho más fácil. Se hace una inspección sanitaria en el hogar para comprobar el grado de limpieza y se puede recurrir también a la Ley de Dependencia para ingresar al anciano en una residencia o inscribirlo en un centro de día o bien solicitar las prestaciones para adquirir los enseres básicos.

Si no quiere colaborar, la única salida es la vía judicial: tramitar la posible incapacitación de esa persona o solicitar al juez la entrada en el domicilio. La idea es hacer un seguimiento continuado de estos casos porque es muy habitual que el afectado, tras una leve mejorías, vuelva a la misma rutina: a recoger objetos por la calle y a aislarse en su casa.