Las cajas aceptan a Fainé como piloto

La paz llega a las cajas de ahorro. Isidro Fainé, presidente de La Caixa, la mayor entidad del sector, ha sido elegido por unanimidad como representante de todas las entidades en un momento delicado para este colectivo. Funcionó el pacto entre instituciones, y las fuertes tensiones del consejo celebrado hace un mes se superaron al aceptar su principal competidor, el presidente de Ibercaja, Amado Franco, el puesto de vicepresidente primero. La comisión ejecutiva de la Confederación la integrarán, además, los mandatarios de Caja Madrid, Rodrigo Rato, y de Unicaja, Braulio Medel, así como Modesto Crespo, presidente de Caja del Mediterráneo, el secretario Carlos Egea y el director general, José Antonio Olavarrieta.

El acuerdo se trabó antes del consejo. Entre las cajas de ahorro se abrió camino la idea de que el sector estaba necesitado de un 'hombre fuerte' para hacer frente a los dos desafíos inmediatos: contribuir al equilibrio en la reestructuración del sector y preparar el camino para la regulación que el Gobierno emprenderá en el segundo semestre de este año. Sin olvidar un reto del medio plazo cada vez más acuciante. Si la nueva y más estricta regulación de capital conocida como Basilea III sigue adelante, las cajas de ahorro se van a ver necesitadas de una fuerte inyección de recursos propios que no pueden obtener por los medios habituales. El dilema reside en captar capital sin renunciar a la naturaleza fundacional de las cajas de ahorros.

La presidencia de Fainé fue promovida por el Ejecutivo. Al presidente de La Caixa, que ya había dado un no rotundo a colaborar en el rescate de entidades de ahorro en mayores dificultades, con el argumento de que la entidad estaba ocupada en sus planes de internacionalización y no podía distraerse de ese empeño, no le quedó otra opción que avenirse a esa demanda y puso como única condición el apoyo unánime de las cajas.

Recelo de las pequeñas

Las entidades de menor tamaño presentaron una fuerte resistencia inicial. Evocaron que La Caixa, por su dimensión y especiales características, siempre ha buscado soluciones específicas a los problemas de estas entidades de ahorro. Lo cierto es que no comparte sistemas de pago, no ha participado de las respuestas tecnológicas comunes, ni sufrido los mismos problemas en el acceso a los mercados mayoristas del dinero. También fue capaz de buscar una especial fórmula de capitalización, al constituir la sociedad Criteria con sus participaciones industriales y financieras. Otras cajas tienen ahora la vista puesta en ese modelo.

Pero las cajas de ahorros, reconoció el consejo, «necesitan evolucionar y adaptarse a los nuevos escenarios económicos y financieros», manteniendo sus vínculos territoriales- fundacionales, y «sin perder de vista que el mercado financiero español es único». Es la respuesta a un mensaje muy claro emanado del Gobierno. Una vez cruzado el ecuador de este año, el Ejecutivo de Rodriguez Zapatero, empujado por el Banco de España, se propone reformar la ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros. Entre las propuestas del cambio figura la supresión de los cargos electos en los consejos de administración. De este modo se conseguiría una gestión profesional.

Profesionales

La contribución de Fainé puede ser decisiva para que las entidades se quiten la carga de la politización sin renunciar a su naturaleza de fundaciones privadas. Aunque algunas alimentan el recelo ante lo que consideran una acentuada vocación 'bancaria' del nuevo presidente de la CECA.

Por eso, otro de los propósitos del consejo reside en «promover e impulsar un acuerdo de todo el sector público que facilite un marco normativo en el que las cajas, actuando responsablemente, y cumpliendo con sus compromisos de colaborar en el desarrollo económico y social de su territorio, puedan mejorar, con garantía de futuro, su función financiera».

La Caixa puede constituir un modelo -por la profesionalización de sus cargos-, pero también hay otros. Algunas leyes territoriales han optado por no incidir en los equipos gestores de las entidades, limitando la presencia de cargos 'públicos' a las presidencias no ejecutivas.

Pero aún queda como asignatura pemdiente la composición de las asambleas, que mantienen el poder de decisión en última instancia, aunque lo limiten a cuestiones de la obra social en muchos casos.