Medidas inmediatas

Las propuestas de reforma en el mercado de trabajo, que el Gobierno presentó ayer a los interlocutores sociales, dependen en cuanto a su viabilidad y eficacia del consenso que propicien entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales. Pero los dos objetivos principales que el Ejecutivo pretende alcanzar con tales reformas -favorecer la estabilidad en el empleo e incorporar a la actividad laboral a los más jóvenes- requieren la adopción de decisiones inmediatas que permitan acompasar la tenue recuperación económica prevista para la segunda mitad del año con la generación de puestos de trabajo que la secunden y fortalezcan. De lo contrario, España podría dejar atrás la recesión sin salir de la crisis durante muchos meses más. La propuesta de ayer parece indicar que el Gobierno ha decidido representar un papel más activo en el marco del diálogo social del que desempeñaba al iniciarse la discusión sobre el futuro del mercado de trabajo. Pero forma parte de sus obligaciones romper el 'impasse' al que puede tender ese mismo diálogo, especialmente después de que patronal y sindicatos hayan demostrado su capacidad de entendimiento en cuanto a la negociación colectiva para éste y los dos próximos ejercicios. Identificado el problema en la dualidad que presenta el mercado laboral español a favor de los contratos temporales frente a los fijos, sería ocioso prolongar el debate cuando de lo que se trata es de reactivar la economía mediante la estabilización del empleo, y cuando esto último requiere fórmulas de contratación que prevean las dificultades a las que pudieran enfrentarse las empresas, facilitando la rescisión de los contratos laborales sin que ello suponga la desprotección para los trabajadores. Las propias centrales sindicales saben que se trata de una ecuación ineludible, con la que deberían comprometerse antes de que empiece a ser demasiado tarde. Por su parte, incentivar el empleo para los más jóvenes requiere del establecimiento de medidas que contribuyan a su formación y capacitación en una economía enormemente competitiva. Lo cual beneficiaría a las empresas contratantes tanto a corto como a medio plazo. Pero sigue siendo responsabilidad del Gobierno que el diálogo social conduzca a la adopción de iniciativas inmediatas que, además, sean duraderas en el tiempo.