Garzón se enfrenta a otra 'semana horribilis'

El juez-imputado vuelve a enfrentarse a otra 'semana horribilis', la segunda consecutiva. Cuando todavía no está seca la tinta de su recurso este fin de semana contra la decisión del Supremo de sentarle en el banquillo por haber investigado los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón vuelve al alto tribunal el próximo jueves, también como acusado, para declarar por los cobros de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006. Los cargos: prevaricación y cohecho por haber aceptar que el Banco de Santander patrocinara aquellos seminarios en el Centro Rey Juan Carlos I y luego no inhibirse en una denuncia que afectaba a los responsables de la entidad.

La imagen de Garzón entrando en la sede del Supremo, en la plaza Villa de París, entre una marea de periodistas, policías, guardaespaldas, curiosos, partidarios y detractores sonará a 'reviva'. El 9 de septiembre de 2009 pisó por primera vez esa sede judicial para explicar al magistrado Luciano Varela por qué decidió investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura. Por entonces, era la única causa a la que se enfrentaba (a ella se han sumado ahora los cobros de Nueva York y las escuchas del 'caso Gürtel') y el ambiente era otro bien distinto. Pocos eran los juristas y magistrados que creían que la causa por el franquismo iba a seguir adelante sin el apoyo de la Fiscalía. Y casi nadie apostaba un euro por la posibilidad de que Garzón, poco más de medio año después, estuviera al borde del apartamiento cautelar de la carrera judicial.

Dos abogados

En este nuevo escenario, el juez va a declarar ante el instructor del caso, Manuel Marchena. Frente a él no tendrá a la Fiscalía sino a los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. Ellos acusan al juez de haber recibido del entonces presidente del BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad un patrocinio de 302.000 euros para organizar dos cursos.

La querella también apunta que el banco entregó además 22.650 dólares para viajes del instructor de la Audiencia Nacional y 21.650 dólares para abonar la matrícula de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. A su vuelta a Madrid, Garzón inadmitió una querella contra SCI Gestión, entidad perteneciente al banco, sin plantearse la posibilidad de inhibirse por su amistad o cercanía con las personas que eran acusadas en la denuncia, entre ellos el propio Botín.

El Supremo, que, como el Consejo del Poder Judicial, había rechazado por varias vías investigar el asunto al no apreciar indicios delictivos por parte del juez, cambió de opinión el pasado 28 de enero, tras conocer la existencia varias cartas en las que el propio Garzón solicitaba el patrocinio de sus cursos en persona a Botín.

Testigos

Seis días después del interrogatorio del juez declararán tres testigos solicitados por la acusación popular, entre ellos el ex director del centro cuando se celebraron las jornadas, James D. Fernández, quien, antes de conocer la existencia de las cartas, certificó en varios documentos que Garzón ni solicitó ni recibió dinero del Santander para la celebración de los cursos, ya que el patrocinio fue tramitado directamente por la institución universitaria.

Los otros dos testigos que declararán el 21 de abril a petición de los querellantes son María del Mar Bernabé, funcionaria que acompañó a Garzón como asesora durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; y Laura Turégano, responsable del Centro Rey Juan Carlos.

Baltasar Garzón llegará al Supremo muy arropado. Dos días antes de su declaración ante el instructor Marchena, UGT y CC OO han convocado un acto en Madrid, que esperan multitudinario, de desagravio al magistrado.