DE MATAS A JUÁREZ, EL PP BATE RÉCORDS DE FIANZAS

Ríanse de los tres millones de euros impuestos como fianza a Jaume Matas, ex presidente balear, ex ministro del Partido Popular, entre otras muchas ex. Los conservadores baten sucesivos récords en esta materia. Así, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Línea de la Concepción Victoria María Pérez Molinero ha llegado a fijar fianzas por valor de 33 millones de euros a algunos de los imputados por el 'caso Roseworld', sobre la presunta adjudicación irregular de unas parcelas municipales en 2005 y que puede suponer la puntilla política definitiva para Juan Carlos Juárez, antiguo alcalde de dicha localidad, actualmente inhabilitado y que viajó del gilismo a las filas populares sin que se le arrugase el traje. Los hechos que se le imputan en este caso se remontan a 2005 cuando ya formaba parte del partido de las gaviotas. Por aquel entonces, José Carrión, un policía local al que algún desconocido terminó tiroteándole a mansalva su domicilio particular, denunciaba al alcalde linense que había intentado hacerle la vida imposible, en una estrategia de la tensión que terminó por empujar al agente a solicitar una excedencia seis años atrás.

En 2007, Carrión denunció ante los juzgados que la empresa textil Roseworld no disponía de actividad mercantil en 2005, justo cuando el Ayuntamiento había adjudicado mediante subasta cuatro parcelas municipales por un total de 22.000 metros cuadrados, a cambio de 12 millones de euros. A dicho concurso también se había presentado una firma local llamada 'Promaga S.A.', que a pesar de superar en dos millones de euros la oferta de su competidora no pudo hacerse con la concesión por no estar al corriente de pagos con el propio Ayuntamiento. Claro que Roseworld, por su parte, ni siquiera llegó a aportar los certificados de encontrarse al corriente de sus pagos con la Seguridad Social y con Hacienda. A comienzos de 2007, Roseworld, que había presentado pérdidas desde su fundación en 2002 revendió dichas parcelas por 14 millones a Abuztúa Inversiones, sociedad del grupo inmobiliario Lábaro, que compagina las suspensiones de pagos con el patrocinio del balonmano. ¿Dónde fueron los dos millones de plusvalía? Según la fiscalía y la acusación particular, parte de dicha suma se habría destinado a comprar voluntades de los responsables municipales encausados. Carrión, de hecho, reclama un total de 28 años de prisión para el alcalde, así como 56 de inhabilitación y abundantes multas. El fiscal, sin embargo, tan sólo solicita cuatro años de prisión para él, aunque la fianza que ha tenido que afrontar tan sólo se eleva a 762.666 euros, que no son moco de pavo pero que no llega a esos 33 kilos que se le reclaman a Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa Inversiones, la empresa que compró los terrenos adjudicados a Roseworld en una rocambolesca operación en la que se presumen graves indicios de corrupción.

A finales del pasado año, Juárez fue inhabilitado durante seis meses por no atender al pago de la empresa Palex, que suministraba material de hemodiálisis para un servicio municipal que sin embargo se cobraba a los usuarios. Ahora, debe haber pagado esa última y abultada fianza que se le exigía porque en Semana Santa se le vio jugando al paddle en Sotogrande, el complejo turístico sanroqueño donde cuenta con mansión propia. También se dejó caer por La Línea, para mostrar su devoción en las procesiones. Allí estaba de nuevo el conseguidor, el seductor que ganó la alcaldía con una estética populista -llegó a repartir turrones y alpargatas entre los desfavorecidos-y que cambió la imagen local aunque fuera a costa de malbaratar su escaso patrimonio. Junto con Juárez, otros tres concejales del PP, Juan Montero, Francisco Muñiz y María Cruz Atienza, han tenido que afrontar una fianza de la misma cuantía, al igual que el ex secretario del ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor, Sergio Gómez. Sin embargo, el aval judicial para el ex concejal de Urbanismo Carlos Ruiz Calama ascendió a 1.673.358 euros, que ya en su día tuvo que dimitir de su cargo empujado por este escándalo. También es superior la fianza fijada para Anil Thakurdas, administrador de la sociedad mercantil Roseworld, y su supuesto socio Kevin Phelan, quien han debido depositar 810.666 euros. Del mismo modo, mediante dicho auto, la jueza reclama a los acusados y a Lábaro Grupo Inmobiliario y Abuztúa, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a que en un día presenten una fianza de forma conjunta y solidaria cifrada en 16.333.333 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de La Línea. En cuanto a las penas reclamadas, el lote completo alcanza la cota de 78 años, a repartir entre los once acusados.

16 tomos y 4.051 folios componen el sumario de este caso que motivó que, entre octubre de 2007 y marzo de 2008, el ex alcalde Juan Carlos Juárez tuviera retenido su pasaporte por orden judicial. Todavía no hay fecha para la vista oral pero en el lote delictivo, entre las imputaciones del ministerio público y las de la acusación particular, figuran supuestos de prevaricación, alteración de precios en concursos o subastas públicas, receptación, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y asociación para delinquir. Sin embargo, se ha decretado el sobreseimiento provisional de otra causa por tráfico de influencias que también se había propuesto desde la acusación. Mientras el PP mira hacia otro lado, Juárez debe estar pasando estrecheces: el pasado 25 de septiembre, tan sólo cinco días antes de dejar la alcaldía, pagó una matrícula en un máster de dirección urbanística de la Universidad de Comillas en Madrid cargando 18.000 euros a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emusvil). Su sucesor, Alejandro Sánchez, del mismo partido, le ha reclamado dicha suma pero él se hace el longuis. Pobrecito, tiene que estar a dos velas. Como cuando llegó a la Costa del Sol con Jesús Gil y con unos cuantos fracasos empresariales a sus espaldas. En La Línea, pegó el pelotazo. Cobraba 6.000 euros al mes de un Ayuntamiento boquerón perdido.