Casi 5.000 personas exigen una legalización «más justa»
La Plataforma de propietarios de casas ilegales volvió a salir ayer a la calle para reivindicar la rebaja de los costes
Actualizado: GuardarCasi 5.000 personas, una cifra similar a la registrada en la manifestación del pasado 21 de noviembre, recorrieron ayer las calles de Chiclana para mostrar su rechazo a las Ordenanzas de Regularización que acaba de aprobar el Ayuntamiento.
Al grito de «Román dimite, el pueblo no te admite», o «esto es un atraco», los manifestantes mostraron su disconformidad con los costes que plantea la Administración en el proceso para dotar de legalidad y servicios básicos como agua, luz o alcantarillado a sus viviendas. La mayoría de los asistentes a esta protesta, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Regularización, eran, pues, propietarios de inmuebles construidos en los últimos años al margen de la legalidad.
Ellos aseguran que no se oponen a pagar «lo que es justo», pero insisten en que los montantes planteados son desorbitados; incluso, uno de los portavoces de la Plataforma aseguró ante la multitud al final de la concentración en la plaza de Las Bodegas, que el Ayuntamiento «miente» en los plazos y cantidades que propone.
La manifestación de ayer fue «un éxito» para sus organizadores, y supone a su juicio «no aceptar la política del miedo que está aplicando el Ayuntamiento».
En estos momentos, la división social es patente en la calle entre quienes abogan por que el proceso de legalización comience sin más dilación y quienes, como quedó de manifiesto ayer, no están dispuestos a aceptar sus condiciones actuales.
Otra protesta, pero en Sevilla
En la protesta estuvieron presentes varios responsables políticos, entre los que destacó el ex-alcalde de Chiclana, Ernesto Marín (PP). La Plataforma de Afectados no descarta incluso realizar una nueva protesta en Sevilla con sus peticiones, que pasan por que la Junta aporte el 60% de los costes de dotación de servicios «como estaba previsto en el convenio con el Ayuntamiento que firmaron en 2005», recuerdan.
La regularización de las viviendas ilegales afecta en Chiclana a más de 15.000 familias. Se estima que el proceso podría costar en torno a 450 millones de euros.
