La APDH, contra la ONU

La postura defendida ayer por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a raíz de la 'Operación Toscana', desarrollada por la Guardia Civil contra una cadena de prostíbulos gaditanos, contradice la doctrina de las Naciones Unidas, que en su Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena considera la prostitución como explotación sexual aunque exista consentimiento por parte de la víctima. Flaco favor hace también la asociación y su portavoz, Rafael Lara, a la corriente de opinión que busca sensibilizar a la sociedad contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, considerada por la ONU como «la esclavitud del siglo XXI», respecto a la cual el Ministerio de Igualdad puso en marcha un plan hace poco más de un año, a finales de 2008, en el que se prevé una batería de medidas para proteger a las víctimas; entre ellas, crear un fondo de bienes decomisados para asistirlas, intensificar los lugares de riesgo potencial para la trata y mejoras de la capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su investigación y lucha. No es la primera vez que Lara y la APDH contradicen los convenios internacionales. Ya cuando la menor mauritana residente en Puerto Real denunció el matrimonio forzado y la violación a que fue sometida pidió «respeto» hacia la familia acusada por razones de índole cultural. Ahora el Tribunal Supremo acaba de establecer en una sentencia que el origen cultural de una persona no puede justificar la vulneración de un derecho tan elemental del ser humano como el de su libertad sexual y ha incrementado la condena al padre de la menor, protegida por el Convenio de la Organización de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, de Derechos del Niño.