España y Venezuela sellan la paz

No es muy común, pero España y Venezuela zanjaron con un comunicado conjunto la polémica que mantenían sobre las presuntas relaciones de ETA con autoridades del país latinoamericano. El texto llega después de días de dimes y diretes desde ambos lados del Atlántico, en los que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha exigido a Caracas mayor colaboración para esclarecer el asunto y Hugo Chávez replicaba una y otra vez que no había nada aclarar.

Miguel Ángel Moratinos explicó ayer en la clausura de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebrada en Córdoba que la declaración expresa «claramente la voluntad» de los dos países de luchar contra el terrorismo y «cooperar con la justicia». El punto final a la discusión se vio venir la víspera, cuando Chávez indicó que las relaciones bilaterales habían «vuelto a su cauce». El líder bolivariano, en vez de reconocer que la vía diplomática había dado frutos, atribuyó la normalización a que el Gobierno de Zapatero había reconocido que pidió «información» y no «explicaciones» a Venezuela sobre esos presuntos lazos con ETA. Pedir explicaciones, comentaron fuentes gubernamentales, significa que se dan por ciertos los hechos apuntados por el juez Eloy Velasco, mientras que la información no implica ningún tipo de certidumbre.

España y Venezuela «ratifican su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», reza el comunicado, en el que el Ejecutivo latinoamericano precisa que «refuta y desmiente» las informaciones sobre la «supuesta colaboración» con ETA, «cuyas actividades rechaza sin paliativos».

Esta presunta ayuda viene recogida en el auto de Velasco del pasado lunes, en el que sostenía que en su juzgado «obran diligencias que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita cooperación entre las FARC (de Colombia) y ETA».

El juez llegó a esa conclusión tras estudiar informes de los servicios de inteligencia colombianos y la declaración de un ex integrante de las FARC, quien denunció que dos miembros de ETA dieron cursillos sobre guerrilla urbana y manejo de explosivos a miembros del grupo colombiano en la selva de Venezuela con el visto bueno de las autoridades de este último país. Velasco procesó a 12 terroristas, seis de ETA y el resto de las FARC. Entre los imputados figura Arturo Cubillas, un presunto etarra casado con una venezolana y que ha ocupado cargos intermedios en la administración del país caribeño.

El Gobierno recabó aclaraciones de las autoridades latinoamericanas, que negaron los hechos. No así Chávez, que obvió siempre el fondo del asunto y se refugió en sus diatribas antiimperialistas.

Colaboración

Con el comunicado, el Ejecutivo da por ventilada la discusión ya que en el texto ambos países «reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial». Además, ratifican su «voluntad de profundizar su relación» en todos los ámbitos, también en «la lucha antiterrorista».

La cooperación, sin embargo, no se podrá plasmar en nada, de momento. Exteriores intenta desentrañar si el juez solicita la extradición de los 12 procesados o sólo reclama información para resolver si después pide su entrega a España.

El Gobierno sofoca además una polémica que tenía un frente interno por las exigencias del PP de tomar medidas contra Chávez. Los populares reclamaban que se llamara a consultas al embajador de España en Caracas como medida de presión para lograr mayor colaboración.