El Supremo acepta que el jefe de la 'Gürtel' acuse a Garzón por las escuchas en prisión

El Tribunal Supremo abrió ayer la vía para que los cabecillas de la trama 'Gürtel', la red de corrupción vinculada al PP y que actuó en al menos cuatro comunidades gobernadas por este partido, puedan personarse como acusación particular en la causa abierta contra Baltasar Garzón por intervenir las escuchas a sus abogados en prisión. El primero en abrir la veda fue Francisco Correa, presunto 'cerebro' de la trama que permanece en prisión preventiva desde enero de 2008, por orden, precisamente, del propio Garzón. La Sala Penal resolverá en los próximas días nuevas peticiones de personación del resto de implicados, que intentan así anular el proceso basándose en la supuesta ilegalidad cometida por el juez de la Audiencia Nacional.

La decisión de la Sala Penal del Supremo de permitir la presencia en la causa de Francisco Correa, acusado de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias, da munición a la defensa de los principales implicados en la trama para intentar anular parte de la investigación judicial, sobre todo en lo concerniente a las pruebas incriminatorias derivadas de las escuchas intervenidas en prisión, que revelaron supuestas maniobras para obstaculizar la acción de la justicia.

Gracias a esas intervenciones, salió a la luz las instrucciones de uno de los acusados, Pablo Crespo, número dos de la trama, habla con su abogado de unos documentos guardados en una caja de seguridad de un banco que contenían datos sobre una presunta financiación ilegal del PP gallego. Correa, a su vez, se lamenta ante su letrado defensor de que la Policía se apoderara en su detención de un 'pendrive' con información contable de su entramado empresarial. «Sin ese 'pendrive' no tendrían nada», se queja el cabecilla de la red.

Los acusados cuentan con un antecedente histórico: el 'caso Naseiro'. La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en 1990 se fue al garete cuando estaba muy avanzada y había indicios que implicaban a altos cargos del partido porque algunas de las escuchas se practicaron de forma ilegal sin el preceptivo permiso del juez. No es éste el caso porque la autorización del instructor existió, pero el objetivo de los imputados es demostrar que ese visto bueno fue irregular.

Sobre estos y otros pinchazos también tendrá que deliberar el próximo 10 de marzo la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene en sus manos hasta 23 recursos presentados por imputados en el proceso y abogados afectados por las escuchas. La Sala deberá resolver si las intervenciones ordenadas por Garzón fueron o no lícitas. Tanto el juez que instruye la trama 'Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, como la Fiscalía en varias ocasiones han avalado la legalidad de los pinchazos. Es más, el Ministerio Público aseguró que las escuchas ordenadas por Garzón aportaron datos «clave» en la investigación.

Para decidir, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid tienen sobre la mesa dos argumentos jurídicos: la ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley Penitenciaria. La primera autoriza a escuchar a los abogados en prisión si el juez tiene indicios de que colaboran con sus clientes en la actividad delictiva; la segunda sólo plantea la posibilidad de interceptar las conversaciones en los supuestos de terrorismo.

Este último argumento sirvió al Supremo para admitir a trámite la querella contra Garzón presentada por el abogado Ignacio Peláez, supuestamente afectado por los pinchazos ordenados por el juez. La Sala Penal entendió que los indicios planteados por el querellante no eran «absurdos» y decidió abrir una investigación al juez por un presunto delito de prevaricación y otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. La demanda fue presentada en octubre y admitida el pasado 25 de enero.

Escuchas

Las escuchas que ahora se encuentran en sede judicial son una veintena de intervenciones telefónicas y grabaciones en los locutorios de la prisión madrileña de Soto del Real entre Correa, su primo Antoine Sánchez, y Pablo Crespo, con siete abogados diferentes que preparaban una estrategia conjunta de defensa, entre ellos, el citado Ignacio Peláez, letrado del constructor José Luis Ulibarri, también implicado en el proceso.

En esas intervenciones, algunos letrados desvelaban también sus relaciones con los jueces y con las dos fiscales del caso, además de sus estrategias para retrasar las comisiones rogatorias y sus preferencias sobre los posibles tribunales competentes. Una de las escuchas que figura en el sumario recoge una conversación entre Peláez y el abogado y también imputado López Rubal en la que ambos acordaron «justificar» una «entrega de dinero» bajo sospecha «como un pago por prestación de servicios» a una empresa de consultoría.

De acusado a acusador. Espera que el Supremo anule las escuchas.

El ex dirigente del PP gallego fue uno de los escuchados en prisión.

Su querella contra Garzón ha puesto en duda la instrucción del caso.