Multa de 270.000 euros a Unió Democrática por una donación anónima ilegal

Final del invierno 'horribilis' para Unió Democrática de Catalunya. A las dudas sobre supuestas prácticas irregulares en su financiación se ha sumado que el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y de los partidos, ha multado a UDC con 271.797 euros por recibir una donación anónima en 2006 que triplicó el límite establecido por la ley de financiación de partidos.

Según el informe que el Tribunal ha remitido al Congreso, la formación democristiana que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, socio menor de CiU, recibió un ingreso opaco de 196.000 euros en 2006, el último ejercicio en el que los partidos pudieron recibir donaciones anónimas, pues en 2007 el Parlamento prohibió estas aportaciones mediante una reforma de la ley.

Esa suma sobrepasa los 60.101 euros que una persona física o jurídica puede aportar a un partido, de acuerdo con la norma vigente aquel año. «El Tribunal estima que hay una infracción que está sancionada con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada, que en este caso se cuantifica en 271.797,58 euros», dice el informe.

«Si bien el partido ha indicado que corresponde a cuatro donativos procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones intercomarcales, no se considera suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único registrado por caja a efectos contables», concluye el documento del órgano fiscalizador.

Sombra de duda

El Tribunal desliza una sombra de duda sobre las finanzas del partido pues señala que recibió ese año 1,5 millones de euros de donaciones anónimas, sobre las que, «por la propia naturaleza de este tipo de donaciones, no puede saber si ha habido también personas que han aportado más dinero del posible legalmente».

La sanción llega a Unió en plena precampaña de las elecciones catalanas de otoño y pocos días después de que estallasen dos escándalos que ponen en cuestión la financiación del partido.

Por un lado, la Fiscalía reclama 55 años de prisión para los seis implicados en el llamado 'caso Pallerols', cuatro de ellos ex altos cargos de UDC en los años noventa que supuestamente desviaron fondos de subvenciones de la Consejería de Trabajo. Y por otro, una investigación de la Fiscalía de Barcelona dejó al descubierto una trama empresarial que habría hecho donaciones a la formación con dinero procedente de facturas falsas.