El presidente de Pescanova dimite «por obligación» tras asumir «algunos errores» pero no un fraude

El ya expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, protagonizó este miércoles un adiós cantado, al anunciar su dimisión antes de que el grupo de consejeros críticos a su gestión –encabezados por el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller y varios fondos de inversión– volviera a pedir su marcha incondicional como ya venía ocurriendo en las últimas semanas. El reciente informe de la auditora forense, KPMG, que revela importantes irregularidades contables en la multinacional, junto a los expedientes sancionadores que tiene abiertos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su imputación en la Audiencia Nacional por presunto fraude, han pesado demasiado en su contra, junto a un consejo claramente dividido -donde siete de sus miembros cuando la compañía inició el pasado 1 de marzo los trámites para el concurso de acreedores también están acusados en el mismo procedimiento-.

Esta vez, sin embargo, el órgano de administración –que se reunión con prisas, pues estaba previsto para dentro de dos semanas–, resultó mucho menos accidentado que en ocasiones anteriores, hasta el punto de que la unanimidad reinó en las principales decisiones tomadas. Así ocurrió tanto en la aceptación de las dimisiones –también se marchó Ana Belén Barreras, hija del presidente de Transpesca, José Alberto Barreras, quien figura entre los imputados en la Audiencia Nacional por el presunto fraude que se habría cometido en las cuentas de Pescanova– como en la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 12 de septiembre que elegirá a un nuevo presidente.

En esa reunión con los socios de la multinacional, la administración concursal –papel que ejerce la auditora Deloitte a instancias de la CNMV– pretende presentar ya un primer plan de viabilidad elaborado por un asesor financiero externo, que también será entregado a la banca acreedora. La deuda acumulada con ésta supera los 2.680 millones de euros, aunque el pasivo financiero neto de Pescanova se eleva a 3.281 millones –sumadas las deudas a proveedores y otros pagos no contabilizados se dispararía hasta los 4.000 millones-, con un agujero (patrimonio neto negativo) de otros 927 millones, según el informe de KPMG.

Varias querellas

Parte de los accionistas ya se ha querellado contra Fernández de Sousa y sus principales colaboradores por varios delitos societarios e incluso estafa, al tiempo que han pedido a la Audiencia Nacional –donde el juez Pablo Ruz, el mismo del ‘caso Barcenas’, investiga el caso- que les exija una fianza de un millón de euros. No obstante, todo está pendiente de las declaraciones que deberán prestar la docena de imputados, seguramente también en septiembre aunque el instructor está a la espera de recibir varios informe policiales para ponerles fecha.

Mientras, al término de la reunión del consejo este miércoles, Fernández de Sousa, sólo admitió haber cometido "algunos errores" –"además de aciertos en una trayectoria profesional de 37 años", añadió– que, aunque "tienen explicación", le han "obligado" a dimitir. Asimismo, abundó en la idea ya expresada días atrás de que "todo" lo que hizo fue "para conseguir que (Pescanova) siguiera viva como ésta". Para Carceller, sin embargo, con esa marcha "asume su responsabilidad" en las "prácticas corruptas" que han existido, a la vista del informe "demoledor y rotundo" del auditor forense que ha investigado las cuentas durante los últimos meses.