El Gobierno crea la Cámara de Comercio de España

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, con el que aspira a reforzar el papel de estos organismos como promotores de la internacionalización e impulsoras de la competitividad de las empresas españolas. Estas actividades, que tendrán que realizar en régimen de libre competencia, serán junto con las aportaciones voluntarias de las compañías privadas sus principales fuentes de ingresos, pues no habrá reinstauración del recurso cameral permanente (las antiguas cuotas, suprimidas en 2010).

Una vez aprobada la norma -que el Gobierno ha incluido en el Plan Nacional de Reformas- el actual Consejo Superior de Cámaras se convertirá en Cámara de Comercio de España y actuará como órgano representativo de todos los organismos de esta naturaleza.

La Cámara de Comercio de España se ocupará, en coordinación con la red nacional e internacional de Cámaras y con las administraciones públicas, del desarrollo efectivo del Plan Cameral de Internacionalización y del nuevo Plan Cameral de Competitividad.

Como novedad, el Gobierno ha incluido entre sus atribuciones el objetivo de impulsar en España la formación profesional dual, a semejanza del modelo alemán. El texto las faculta para participar, junto a las administraciones competentes, en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de formación profesional, en especial en la selección de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación.

Paro juvenil

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que esta es una función que ya realizan estas instituciones en otros países y que les permitirá jugar un papel "en la lucha contra el paro juvenil".

El Gobierno ha señalado en una nota que la supresión en 2010 del recurso cameral permanente ha generado una "situación de incertidumbre e inseguridad" en las Cámaras de Comercio. Esa modificación, unida a la ausencia de un marco legal adaptado a las nuevas circunstancias, considera que "ponía en riesgo el debido cumplimiento de las funciones público-administrativas que tienen encomendadas las cámaras dada su naturaleza de corporaciones de derecho público, que mantiene el nuevo texto legal". En consecuencia, la nueva ley está "dirigida a sentar las bases de un modelo sólido que garantice la continuidad de un sistema cameral en España similar al de países como Alemania y Austria".