fraude laboral

Empleo detecta 20.051 contratos falsos hasta octubre

El plan de lucha contra el trabajo irregular permite además aflorar 1.174 empresas ficticias

MADRID Actualizado: Guardar
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El plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha permitido detectar 20.051 empleos falsos hasta el mes de octubre, lo que supone un 55% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, la actuación de los inspectores constató la existencia de 1.174 empresas ficticias. Es decir, sociedades sin una actividad real constituidas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Según explica en una nota el ministerio de Empleo y Seguridad Social, este aumento en las infracciones detectadas (que es del 443%) se debe en parte a que se ha duplicado el número de inspecciones realizadas (16.254).

El conjunto de actuaciones referidas al empleo irregular (trabajo sumergido, contratos falsos, empresas ficticias, etc…) efectuadas en los diez primeros meses del año (182.012) permitieron sacar a la luz 5.258 casos de empresarios que empleaban a perceptores de prestaciones por desempleo, lo que supone un incremento del 32%. Además –siempre respecto al mismo periodo de 2011- se ha registrado un 50,17% más de trabajadores que compatibilizan indebidamente las prestaciones con el trabajo (7.740). En cuanto a las cifras de empleo sumergido –trabajadores que no cotizan por su labor-, el plan contra el fraude del ministerio contabilizó 65.047 casos.

La persecución de estas y otras actuaciones se verá reforzada en breve con la Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, cuyo proyecto ha sido remitido ya al Senado después de su aprobación en el Congreso. La norma ha sido enriquecida durante su tramitación parlamentara por 5 enmiendas del Grupo Popular y 12 transaccionales.

Fátima Báñez ha destacado la importancia del plan ya que, a su juicio, dota de más armas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para una lucha cuyo éxito “beneficia a todos”. El fraude laboral, recuerda la ministra, “permite la competencia desleal entre empresas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.