Justicia costeará las pruebas de ADN a los familiares de los niños robados durante el franquismo

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha comprometido este miércoles a crear un programa específico para que los familiares de niños robados desde los años del franquismo hasta principios de los 90 puedan realizarse pruebas de ADN que faciliten las labores de búsqueda, siempre que así lo soliciten los jueces y fiscales encargados de las investigaciones.

Caamaño y el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, han mantenido una reunión, de hora y media de duración, con representantes de la 'Plataforma de afectados de clínicas de toda España en la causa de niños robados' en la sede del Ministerio de Justicia. Tras ella, el ministro ha anunciado que su departamento nombrará a un responsable de coordinar la información y las peticiones suministradas por las diferentes asociaciones de afectados. "Igualmente, hemos facilitado la Dirección General de los Registros, sobre todo del Registro Civil, para que puedan encontrar los datos oportunos", ha subrayado Caamaño.

Caamaño ha precisado que Justicia se coordinará con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas que dispongan de registros sanitarios para el análisis de las pruebas genéticas que soliciten los jueces y fiscales. "Es lo que les hemos comunicado y lo que se mueve dentro del ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia, cuyo único propósito es colaborar con el poder judicial y con las personas afectadas", ha añadido.

"Que recaiga todo el peso de la ley"

"Sobre todo que si se acreditan hechos tan graves como los denunciados, todo el peso de la ley recaiga sobre las personas que hayan cometido delitos", ha reclamado el ministro, que a continuación ha hecho hincapié en que estos sucesos "si la ley lo permite" no pueden quedar "impunes" porque "dicen mucho de la dignidad de una sociedad, en este caso de la sociedad española". Así, ha ofrecido su "máxima colaboración" con las asociaciones que estiman que existió un tráfico ilícito de menores en hospitales y clínicas de toda España.

Por su parte, la portavoz de la 'Plataforma de afectados de clínicas de toda España en la causa de niños robados', Mar Soriano, ha declarado que su asociación está "bastante contenta" con la disposición manifestada por el titular de Justicia y ha celebrado que se resolverán los obstáculos que algunos afectados han sufrido a la hora de localizar en los registros de hospitales y organismos públicos a sus familiares desaparecidos. Además, ha manifestado que el coste de las pruebas de ADN correrá a cargo de la Administración, lo cual ofrecerá "la plena garantía de que los datos están en buenas manos y de que será gratuito". "Las asociaciones y plataformas debemos estar coordinadas para cotejar esos datos y para proporcionar esa información y esa base de datos al Ministerio de Justicia que es donde debe estar", ha añadido.

"El que tiene que cotejar datos es el Estado, quien tiene que facilitar las pruebas de ADN es el Estado, y quien tiene que facilitar que no tengamos gasto añadido en una situación como ésta es el Estado. Y esto es lo que a día de hoy el ministro Caamaño se ha comprometido a facilitarnos sin ningún tipo de restricción", ha concluido.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha recibido a las 10.00 horas de este miércoles a los representantes de la Plataforma, que le han expuesto la sustracción de los menores acaecida desde los años 40 hasta principios de los 90.