«Sólo cosía y cortaba» aunque era la interventora de la empresa

Quinta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el ‘caso uniformes’. Una vista que este miércoles tenía el añadido de que era la primera vez que se veía a la exalcaldesa de Rota, Eva Corrales, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado su condena de cuatro años de cárcel. La exregidora llegaba, como cada día, junto al también exprimer edil roteño Lorenzo Sánchez y su esposa, reemplanzando a los medios a la rueda de prensa que daría por la tarde. Su abogado, Manuel Hortas, sí comentaba la decepción que había supuesto para su cliente que se encontraba «indignada» con un fallo que consideran «injusto» porque «no se acomoda a la realidad social de la localidad en la que se han llevado a cabo estos trabajos».

La Sección Cuarta reanudaba el juicio que se sigue contra dos exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, el actual regidor de Chipiona Antonio Peña y 17 acusados más por el conocido como ‘caso uniformes’, que investiga la supuesta adjudicación irregular desde 2003 a 2010 de vestimentas municipales a una empresa que primero fue de Lorenzo Sánchéz y después de su testaferro, según la Fiscalía y la acusación popular. Un negocio que supuso para estas empresas unos ingresos de 780.000 euros.

Tres empresas o una

La sesión contaba de nuevo con la toma de declaraciones de más testigos que aportaron datos interesantes y, en ocasiones, bastante comprometidos. Sobre todo en dos casos. En primer lugar, una costurera que fue trabajadora en las empresas implicadas llegó a reconocer al Ministerio Público que a pesar de figurar como interventora en Coanda Cooperativa desde el año 87 al 2001, «sólo cosía y cortaba» ya que era costurera. Admitió haber avalado préstamos aunque no recordó si firmó algún pago o algún informe de intervención. Tras exponerle que había documentos al respecto que así lo acreditan, afirmó al tribunal:«Si está mi firma lo habré hecho pero no me acuerdo». Además contó que pasó de una empresa a otra de manera consecutiva y que recibió una compensación de deuda del IBI con Epis Rotasur (la segunda firma) cuando ya estaba en Coanda Costuras (la tercera que se fundó). La acusación trata de demostrar que tras todas estas empresas estaba la misma y que eran propiedad del exalcalde de Rota. Sobre este último asunto, la costurera aseguró que Lorenzo Sánchez hacía labores de «comercial» y que su último contrato lo firmó Martín Bejarano, al que se le acusa de ser ‘hombre de paja’.

Además de esta trabajadora también declaró la exmujer del supuesto testaferro. Según explicó su exmarido creó en 2008 Coanda Costuras, una empresa que fue pagando «poco a poco», una circunstancia que puso en duda el fiscal al cuestionar cómo pudo unirse a otra compañía -Pacheco Puyana- en 2006 si sus recursos eran limitados. «No sé. Yo le decía que no me trajera problemas ni deudas, que si las cosas iban mal a ver que íbamos a hacer». La testigo aseguró que nunca quiso saber de estas sociedades y que para ella era el dueño de esas acciones. Según recordó cuando se divorció de él en 2011 llegaron a un acuerdo. Así ella se quedó con la casa familiar y el coche y él con las participaciones que, según explicó, se valoraron en torno a unos 80.000 euros. Como relató dicha valoración se hizo de manera estimatoria según le había aconsejado el letrado. Se da la circunstancia de que el abogado que se hizo cargo de su divorcio es el mismo que representa a la acusación popular.

Otro de los testigos que aportó su testimonio a la sala fue un concejal socialista. Explicó el proceso que se sigue en la compra a proveedores. Según dijo, los políticos no entraban en las consideraciones técnicas ya que era el jefe de compras quien elegía las empresas que surtían al Ayuntamiento. Dicha decisión se llevaba a junta de gobierno pero, como detalló, los concejales no siempre analizaban uno por uno los expedientes antes de aprobarlos sino que se confiaba en el criterio técnico. Aún así, el delegado sí tenía que tener conocimiento de ellos puesto que era la persona responsable de firmar el vale y la factura. Aunque el declarante no lo ecordaba la acusación le refrescó la memoria asegurando que se firmaron pagos con las empresas cuestionadas en 2000 y 2001 cuando estaba en vigor el pacto de gobierno entre el PSOE y Roteños Unidos.