La «política del enchufismo» de Puerto Serrano se juzga desde hoy en la Audiencia

La forma de contratación del Ayuntamiento de Puerto Serrano volverá este martes a los tribunales. La Sala Octava de la Audiencia Provincial juzga desde hoy y hasta el próximo viernes al que fuera alcalde de la localidad durante 22 años, Pedro Ruiz (IU) y a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Gómez, por un presunto caso de «enchufismo» continuado en el Ayuntamiento polichero desde 2006.

Anticorrupción acusa a Ruiz Peralta de pagar con fondos municipales las nóminas mensuales a familiares de concejales y cargos del Consistorio sin que éstos fueran funcionarios de la administración local. Se les acusa de realizar estos contratos sin que se hiciera un proceso de selección previo. Según el Ministerio Público, todo ello fue rubricado por el alcalde pese a la existencia de informes contrarios de la Intervención del Ayuntamiento polichero.

Por esta supuesta irregularidad el fiscal acusa a Pedro Ruiz de un delito continuado de prevaricación y solicita para él 12 años de inhabilitación especial para cualquier cargo público que implique una participación en el gobierno municipal. Además, como se recordará, el exregidor polichero tiene ya una sentencia condenatoria por la Audiencia de un año y nueve meses de prisión y 14 de inhabilitación por adjudicar contratos a favor de la floristería de su esposa. El fallo está recurrido en casación ante el Supremo.

Por otro lado, Ruiz suma otra causa abierta. La Fiscalía le acusa de diseñar en 2012 un plan dirigido a beneficiar al que era su yerno en un proceso de selección a Policía Local y en el que se investiga a otros diez acusados, entre ellos, varios cargos de policía. También por éste se le acusa de prevaricación continuada y se le solicita de condena otros doce años de inhabilitación.

El caso que le sentará hoy en el banquillo de los acusados parte de una denuncia del PSOE. En sus conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que Ruiz en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Puerto Serrano, de común acuerdo con los también acusados, Francisco Gómez, entonces concejal de Deportes y Pedro Gutiérrez Naranjo, técnico de Deportes de dicha Corporación Local, «emitió numerosos decretos reconociendo la obligación y ordenando el pago a cargo de las arcas municipales» a favor de M.C.O, R. M. G. R. y M. F. O., todas ellas familiares directos de distintos miembros de la Corporación, en concepto de la colaboración que venían desempeñando en el Ayuntamiento, respectivamente, como monitora de aerobic, monitora de escuelas deportivas y monitora del taller de convivencia, «no existiendo relación funcionarial ni laboral de éstas con el Consistorio».

Según añade el Ministerio Público, dichos decretos se emitían «pese a la existencia de numerosos informes de reparo que hasta cinco interventores distintos realizaron, en los que se le ponía de manifiesto su ilegalidad, por no acreditarse documentalmente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con algún acto o acuerdo». Como mantiene Anticorrupción, el interventor no tuvo constancia de la existencia de relación laboral, contrato administrativo ni negocio jurídico público o privado alguno que justifique el reconocimiento y pago de tales obligaciones.

En otros casos, se hacía referencia a la necesidad de que los monitores deportivos deberían de estar contratados laboralmente por el Ayuntamiento, previa creación de las plazas correspondientes y cobertura a través del oportuno proceso de selección de personal. E incluso, mantiene, interventor y tesorero llegaron a advertir que se incumplía la orden de prelación de créditos, o que se adeudaban a los trabajadores municipales las nóminas de cuatro meses , no existiendo en la tesorería liquidez.