Piden siete años de cárcel para el actual director de Zona Franca

Nuevo paso judicial para dilucidar responsabilidades penales sobre el segundo gran agujero económico, tras el desastre de Rilco, que se abrió en las cuentas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en la pasada década: el ‘caso Quality Food’. Ahora es la Abogacía del Estado quien se ha pronunciado y en su escrito de acusación, adelantado ayer por la Cadena Ser, solicita siete años de prisión y nueve años de inhabilitación para el actual director del recinto fiscal, José Manuel Fedriani, al que considera autor de un delito de malversación de caudales públicos. Misma petición pide el letrado del Estado (quien representa los propios intereses de Zona Franca) para Miguel Osuna, quien fuera delegado del PP en el momento de los hechos que se juzgan.

El PSOE, que ejerce la acusación particular, solicita las mismas penas.

La peor parte se la lleva el empresario Manuel García Gallardo quien, según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, desvió supuestamente gran cantidad de caudales públicos para sufragar sus aventuras empresariales y otros fines personales. Para él la Abogacía del Estado y el PSOE reclaman la mayor pena, 17 años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta como presunto autor de cuatro delitos:estafa, apropiación indebida, falsedad documental y malversación.

Tal y como ya concluyó la magistrada Rosa María García Jover que intruyó este engorroso caso en el Juzgado número 3 de Cádiz, Miguel Osuna, en connivencia con el entonces jefe de gabinete y hoy director del Consorcio facilitaron a García Gallardo, el desvío de capital de las arcas públicas a través de la empresa que este creó: Quality Food, tras la que se escondía, según la juez, un entramado societario que «a lo largo de un dilatado periodo de tiempo gozó de ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines sin que los mecanismos de control existentes fueran conscientes de la ilegalidad».

La Abogacía del Estado acusa en total a siete personas por formar parte de esta presunta corruptela que ocasionó un quebranto millonario para la Zona Franca. Con dinero público se pagaron 5,4 millones a una empresa que arrastraba pérdidas por valor de 5,6 millones, a pesar de que una valoración independiente había alertado a la dirección que esa firma de alimentos precocinados no valía más de 1,4 millones de euros.

En el cargo, de momento

Se da la circunstancia que la Abogacía del Estado representa los intereses del propio Consorcio y a la vez pide pena de prisión para su director, Fedriani, quien, de momento, continúa en su puesto. Fuentes de la Zona Franca aseguran que se tomarán las decisiones pertinentes cuando haya «un auto firme» sobre este asunto y recuerdan que todavía hay un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Cádiz que está «pendiente de resolución».

El escrito de calificación recapitula todos los hechos desde que en el año 2000 García Gallardo constituyó la mercantil Quality Food Industria Alimentaria S.A, cuyo objeto social era el desarrollo de actividades relacionadas con la industria alimentaria. En mayo de 2001, la empresa se asoció con la Zona Franca, a través de la antigua SOGEBAC, cuando Osuna era delegado y se instaló en el recinto fiscal. A partir de entonces y hasta 2004 se desencadenaron los movimientos económicos que gozaron del empujón de las subvenciones y ayudas públicas que ahora se investigan. El escrito analiza cronológicamente este plan que consistió supuestamente en maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para que pudiera obtener los créditos y avales necesarios. Según detalla el escrito, Quality Food contó para ello con la colaboración del exdelegado Miguel Osuna quien llegó a ocultar la información de las operaciones al comité ejecutivo.

Además de las penas de cárcel, los denunciantes piden para los investigados en concepto de responsabilidad civil más de siete millones de euros que tendrían que abonar como indemnización a la sociedad a Desarrollos Empresariales Zona Franca.

La instrucción del caso Quality Food comenzó en febrero de 2004 e investiga el presunto quebranto de unos 30 millones de euros para las arcas del Consorcio. Fedriani fue imputado tras declarar previamente como testigo de Osuna, quien pasó de denunciante a imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos de manera sorpresiva después de siete años de instrucción.