La lucha contra el fraude laboral libera a 43 víctimas de explotación en Cádiz en un año

La vigilancia y el control en los centros de trabajo han permitido sacar a la luz a empresas con falsos trabajadores y también lo contrario, empleados sin contrato que ejercen en condiciones de esclavitud laboral. Las distintas operaciones realizadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional permitieron liberar a un total de 43 víctimas de explotación a lo largo del año pasado en la provincia de Cádiz. Unas dedicadas al campo, otras a la hostelería o negocios irregulares, que aprovechan la situación de desempleo para ofrecer condiciones que quedan fuera de la legalidad. En toda España la cifra de personas que sufren explotación laboral alcanza las 525, la gran mayoría de ellas inmigrantes.

Los casos más graves son, sin duda alguna, los de mujeres que ejerce la prostitución en locales donde no hay derechos ni se aplica ninguna norma laboral.

La mayoría son extranjeras que se ven envueltas en redes de trata de las que les resulta muy difícil salir. Los cuerpos de seguridad liberaron a siete en la provincia que estaban siendo explotadas y que han recuperado su vida.

Así lo recoge el balance que ha realizado el Ministerio del Interior sobre la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que ha permitido aflorar en Cádiz 1,14 millones de euros. A pesar de lo generoso del montante, la provincia se sitúa en puestos intermedios, superada ampliamente por otros territorios como Málaga (3,4 millones de euros), Huelva (3,06 milones) o Granada (2,18 millones de euros).

Extranjería

Las dificultades para encontrar un empleo son el doble si el que lo busca es extranjero. Muchos de los emigrantes que se instalaron en Cádiz al calor de la construcción han terminado dejando la provincia con la esperanza de encontrar mejores opciones o aceptando trabajos al margen de la legalidad. Los inspectores de Trabajo han detectado 94 infracciones contra la Ley de Extranjería a lo largo de 2015, el mismo volumen que el año anterior, lo que pone en evidencia que el problema se afianza.

A modo de balance, la Inspección investigó a un total de 59 empresas gaditanas y realizó 495 visitas a los centros de trabajo. En este caso, la denuncia ha sido fundamental para poder detectar las irregularidades, en especial de negocios de prestación de servicios. Llamativo es el caso de los talleres de reparación, que han emprendido una potente campaña para evitar la competencia desleal de los que operan al margen de la legalidad. En toda España el volumen de dinero defraudado alcanza los 79 millones de euros. La cifra se extrae tras investigar a 6.537 sociedades.

Esta lucha del sistema público contra el fraude laboral se ha centrado durante 2015 en la búsqueda de contratos a tiempo parcial, faltas de alta y jornada no declarada. Esos fueron las infracciones más comunes durante el año anterior, según los datos de la Subdelegación del Gobierno. La Inspección de Trabajo cuenta con dos equipos específicos en la provincia que realizan cada vez más actuaciones acompañados de los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.