Lorenzo Sánchez, la «cabeza pensante» del ‘caso uniformes’

Penúltima sesión del juicio por el ‘caso uniformes’ y turno de exposición de los informes de las partes. Durante una hora y media el Ministerio Fiscal ha explicado este lunes las razones de por qué no ha variado ni una coma de su escrito de acusación. Para Anticorrupción, Lorenzo Sánchez fue «la cabeza pensante» de una trama con la que buscaba el beneficio propio. También sitúa «en la cúspide de esta estructura piramidal» a la concejal de Roteños Unidos Montemayor Laynez, su «mano derecha».

El ‘caso uniformes’ investiga contratos municipales que fueron adjudicados a una red de empresas detrás de la que estaba supuestamente Sánchez, su esposa y varios concejales que se saltaron la ley que impide a cargos y funcionarios hacer negocios con la Administración.

Presuntamente estas sociedades, dedicadas a suministrar uniformes al Ayuntamiento roteño, alcanzaron según el fiscal un beneficio total de 800.000 euros, y fueron amoldando su situación jurídica a las nuevas exigencias de la normativa de contrataciones más restrictiva para impedir dicha incompatibildad.

El Ministerio Público solicita penas de inhabilitación y/o cárcel para 21 personas. A la cabeza de todas ellas, por la gravedad de los hechos imputados, el exalcalde. La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, gestión interesada y falsedad. También implica a la exregidora Eva Corrales, entonces delegada de Fiestas y al primer edil de Chipiona, Antonio Peña, también concejal en aquella época en el equipo de gobierno de Rota. Completan la lista diez funcionarios municipales y antiguos miembros de los sucesivos equipos de gobierno de PP y Roteños Unidos (RRUU), así como las esposas de Lorenzo Sánchez y del exedil del PP Ismael Puyana, quienes, según la Fiscalía, figuraban como titulares de la sociedad Pacheco Puyana para burlar la prohibición de que sus maridos contrataran con el Ayuntamiento.

Pues bien, para la Fiscalía ha quedado suficientemente «clara» la relación mercantil que había entre dichos cargos y las empresas involucradas. Además entiende también probado la vinculación de estas firmas que incluso compartieron domicilio social, número de teléfono y fax. Una teoría que para el Ministerio Público ha quedado reforzada también por alguno de los testimonios como el del arrendador del local quien manifestó que no tuvo constancia del cambio de sociedades ya que él le seguía cobrado a Lorenzo Sánchez el alquiler. Otro de los testigos que se dedicaba al reparto aseguró que nunca tuvo como jefe a Isidro Martín Bejarano, amigo de máxima confianza de Sánchez y supuesto «hombre de paja» que pusieron al frente de Coanda Costuras cuando en 2008 se endureció la norma con la nueva ley sobre incompatibilidades.

Para Anticorrupción todos fueron «conscientes de la prohibición de contratar» con las empresas en cuestión, Coanda cooperativa (dedicada a la confección de vestuario laboral), Epis Rotasur, distriuidora, y Coanda Costuras, «empresa pantalla» que sustituyó a las dos anteriores para «burlar la prohibición de contratar».

Para Fiscalía es mucha «casualidad» que todos se pusieran de acuerdo para dejar de contratar con Cooperativa Coanda y Epis Rotasur y empezaran a negociar con una nueva que, supuestamente, ni conocían. Sobre esto ironizó la acusación popular quien afirmó que Martín Bejarano tenía que ser «un empresario ejemplar» por su destreza a la hora de empezar desde cero.

El Ministerio Público además llamó la atención sobre que Epis Rotasur era la única proveedora de Coanda Costuras, cuya facturación venía en «un 99%»de parte del Consistorio o de las empresas municipales, certificado, explicó, en las transacciones habituales entre dichas empresas.

En su exposición, la acusación desarrolló los diferentes métodos que tenían para realizar las adjudicaciones siendo por medio de compras menores (a través de un sistema de vales) o mayores. En este último caso, se dieron ausencias de determinados acusados en las Juntas de Gobierno Local.

En el periodo investigado solo se tramitó un contrato mayor en 2004, «y se realizó con un grotesco incumplimiento de la ley», afirmó el fiscal. Se aprobó un pliego de condiciones, a pesar de que faltaban documentos esenciales que debieron invalidar el procedimiento como la justificación de la compra de esos suministros, y se dio un plazo de solo cinco días a varias empresas para que presentaran sus ofertas. Además indicó a la sala que a pesar de que el asunto ya estaba judicializado desde 2012, se siguieron produciendo adjudicaciones en los años 2013 y 2014.

En la misma línea se manifestó la acusación popular, ejercida por el PSOE. Destacó las advertencias que le llegaron desde el secretario del Ayuntamiento y las «gravísimas contradicciones» de Sánchez durante toda la investigación.

Las defensas

En la sesión de este lunes también presentaron sus informes finales algunas de las defensas. Juan Pedro Cosano, abogado de Auxiliadora Delgado y del exdiputado popular Juan Antonio Liaño remarcó el «desconocimiento» de la acusación sobre el funcionamiento de la Administración local, solicitando la libre absolución de sus patrocinados y aludiendo a la cercana sentencia del Supremo que aborda este asunto y que libró a su también clienta, María José García Pelayo, de una presunta relación con la trama 'Gürtell'.

También remarcó la falta de pruebas y la escasez de alusiones sobre la participación de sus defendidos en esta presunta trama. Para Cosano, los hechos que se juzgan no deberían de haber pasado de lo meramente administrativo. «Estamos hablando de monos de trabajo, hay que contextualizar los delitos...», se dirigió a la sala. «¿El que exista un informe jurídico para la compra de seis monos es realmente una conducta prevaricadora?», cuestionó.

Por su parte, el abogado Manuel Hortas, que defiende a Eva Corrales, Antonio Peña, Montemayor Laynez, Isidro Martín Bejarano, Ismael Puyana y a su esposa, destacó que la acusación no ha tenido en cuenta «el principio de buena fe y confianza mutua entre los miembros del equipo de gobierno».

En su opinión, a sus clientes se les imputa simplemente el hecho de saber, supuestamente, que determinadas empresas no podían contratar con el Ayuntamiento. Sin embargo, la «única referencia con cierta claridad» al respecto son «los vales de pequeñas facturas» en los que aparecían teléfonos o direcciones coincidentes. Cuestionó también la la acusación a Isidro Martín Bejarano como una persona «incapacitada para llevar una empresa» para situarlo como testaferro de Sánchez. En cuanto a Laynez, atribuyó a una cuestión de «amistad» o «humanidad» cualquier gestión que haya podido hacer «en auxilio» de Martín Bejarano o la esposa de Sánchez.

Asimismo, defendió en todo momento que actuaron «en la absoluta convicción de que se cumplía la ley, como se demostró según su versión con las ausencias en las votaciones en Junta de Gobierno Local, aseverando que en ningún caso se pretendió transgredir la norma de forma clara, burda y flagrante.

Tras la exposición de otras defensas, el juicio quedará hoy visto para sentencia.