REPORTAJE
Funcionarios de prisiones en Cádiz: «¡No podemos más!»
Los trabajadores insisten en el riesgo que corren a diario en las cárceles ante «la falta de medios y personal» y se plantan para exigir medidas
Esta semana la avalancha de bajas médicas ha dejado «al mínimo» las plantillas y han puesto a vigilar a los reclusos a personal de prácticas y de oficinas
Cuando un operativo policial se pone en marcha son muchas las precauciones que se toman. También la preparación que tienen los agentes para actuar, para intentar enfrentarse solo a los riesgos que exige el guión y evitar las sorpresas que puedan acabar mal. Si van a por un delincuente o un grupo de ellos las acciones a ejecutar son planeadas, estudiadas, se intenta no dejar nada a la improvisación de un momento que ya de por sí está cargado de una enorme tensión. Van perfectamente uniformados, custodiados entre ellos, protegidos. Se pide la colaboración de fuerzas especiales si es necesario y se trata al objetivo como lo que es, alguien que puede actuar de manera inesperada, violenta y que es capaz de hacer mucho daño sin pensárselo.
Pero pasan los días y ese mismo delincuente, con el que se ha tenido tanto cuidado, acaba en prisión y de repente, toda esa liturgia de precauciones se diluye . El detenido ya está condenado o a la espera de juicio. Se encuentra encerrado, supuestamente desarmado, pero sigue siendo la misma persona con las reacciones propias de alguien que desprecia por completo la ley y las normas. Sin embargo la cautela que se empleó para cogerlo se difumina y entra en acción otro protocolo bien distinto. Los funcionarios que tratan con él ya no van tan protegidos, tampoco son expertos en situaciones de máximo riesgo, no tienen ni por asomo las mismas dotaciones ni material para tratar con ellos ni tampoco la preparación física o táctica, carecen de uniformes apropiados y de armas, ni legalmente se les considera autoridad. Pero en frente, cara a cara, siguen teniendo al mismo 'malo'. No suelen cambiar mucho.
«Se nos exige como a unos policías pero no lo somos». Lo cuenta un funcionario de prisiones de una de las cárceles gaditanas donde la saturación de reclusos ha complicado aún más este día a día. Llevan ya mucho tiempo alertando de lo que ocurre pero dicen sentirse «abandonados» por las instituciones mientras que tienen que seguir trabajando, «jugándonos el pellejo». Esta semana una avalancha de bajas médicas por estrés volvía a ponerlos en primera línea informativa. La situación ha sido crítica.
En Puerto I y en Puerto III no ha habido personal suficiente para cubrir todos los servicios. Bajo mínimos. Hasta el punto que desde la dirección les han suspendido los permisos por vacaciones de Navidad y se ha llegado a poner a personal de oficinas y de prácticas en vigilancia interna. Algo que, según denuncian los sindicatos, «es muy arriesgado». «Hay gente que no tiene preparación, que no está habituada a trabajar con internos peligrosos o que llevan años sin hacerlo». Esta circunstancia ha ocasionado además que se hayan presentado las primeras denuncias contra el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y algunos directores por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.
«Poner a gente de prácticas u oficina en vigilancia interna con presos peligrosos es una negligencia»
Las diferentes reivindicaciones que les mantienen ahora en lucha para exigir más medios y una mayor seguridad ha puesto al límite el funcionamiento normal de las cárceles. En Cádiz y en el resto de España. Se han tenido que interrumpir comunicaciones, se han alterado las salidas de los reclusos al patio, los traslados a juicios, las comidas, los talleres… y todo bajo una misma reclamación. «No nos respaldan. Nos encontramos solos, no se valora nuestro trabajo, muchas veces no se le da presunción de veracidad a nuestros informes… nos sentimos como administrativos metidos a vigilantes y nos estamos jugando la vida todos los días», lamentan.
La falta de personal es una de estas principales reivindicaciones. Actualmente en Puerto III hay 1.300 presos para una plantilla de unos 500 funcionarios y 80 de personal laboral. La cárcel fue construida para 1.100 reclusos en su origen. De los funcionarios, 250 están destinados a lo que se conoce como vigilancia interior, es decir, los que están en contacto con los reclusos. Pero estos hacen turnos. Por tanto hay unos 55 funcionarios de interior para los mismos reclusos, 1.300 . «Algo así es ingobernable. Sobre todo en módulos donde en cualquier momento puedes tener un problema», cuenta a este periódico uno de estos trabajadores. Además el centro penitenciario acoge a casi un 20 por ciento de los presos más peligrosos de España. De los 70 internos calificados como 91.3, de especial seguimiento, una decena pasa los días de su condena en 'El Quince', el módulo de aislamiento de esta prisión portuense.
La situación en Puerto I es también muy complicada. «Ahí está lo peor de lo peor», dicen. Primer grado dada su peligrosidad o su no adaptación a los regímenes ordinario o abierto. Multirreincidentes . Catalogados como 91.2. «’Bernardos’ Montoya hay muchos en prisión», quien por cierto, también pasó por la cárcel gaditana y dejó su huella. «Listos camuflados que saben sacarle partido a todo. En situaciones cotidianas parece que están 'normalizados', sobre todo cuando se encuentran a punto de cumplir… saben más derecho que nadie, pero un día porque no aceptan una orden o tienen cualquier problema deciden ‘tocarnos’ la cara, pincharnos... Algunos cumplen penas tan altas que ya casi que les sale gratis matar».
«Normalmente no te amenazan directamente. Saben que eso lleva parte, pero te dicen que saben donde vives o a qué colegio van tus hijos»
También existen las amenazas. «Normalmente no te las hacen directamente porque saben que eso les abre un parte pero sí te llegan a decir: 'ya sé que usted es de El Puerto, sé cuál es su barrio, el colegio de sus hijos… mientras te miran y sonríen…'».
Los trabajadores de prisión piden que esta situación cambie «de una vez». Como el tener dotación y preparación para poder afrontar de manera segura cualquier conflicto, pelea, el incendio intencionado en una celda, etc. «Tenemos poco más que un escudo y no todos». Y además cuando lo van a utilizar tienen que solicitar primero el permiso del responsable e ir a por ese material corriendo ya que no lo pueden llevar encima ni en el patio ni en ninguna zona donde los presos puedan quitárselos. «Es una situación de desprotección total». No pueden ir armados tampoco. Ni se les permite el uso de las táser , las pistolas de descarga eléctrica que pueden inmovilizar a una persona para reducirla. «Al final va a haber una tragedia».
Hace poco transcendía el vídeo de una de estas agresiones . Fabrizio Joao Silva, condenado por dos asesinatos y habitante del Quince. En las imágenes se ve como en un primer momento parece tranquilo y se aproxima al rastrillo para ser cacheado al salir de la celda. Cuando tiene a centímetros a uno de los funcionarios que le esperan hace que va a dejar la toalla que lleva en una silla pero de repente se revuelve y empieza a golpear una y otra vez con el puño. Sin pausa. Como arma, un pincho, que hizo él mismo con un fleje sacado de un zapato. Porque las armas en la cárcel son normalmente esas. Más grandes o pequeñas pero con la misma intención.
«Una bomba de relojería»
Trabajar con un grupo de personas que están condenadas por diversos delitos, privadas de libertad y en la mayoría de las ocasiones con patologías derivadas de adicciones o problemas psiquícos está asumido en el puesto . Pero lo que se denuncia es que esta labor se está ejerciendo «de forma desigual». Los sindicatos denuncian que al año sufren una media de unas 300 agresiones. Aquí se engloban muchas de ellas que terminaron con funcionarios heridos. Sin embargo, se advierte de que hay muchas más que no se llegan a contabilizar porque se han quedado en intento. «Claro, pero eso también es un ataque, lo que pasa es que afortunadamente se ha podido evitar lo peor», denuncian.
Además de más seguridad y medios, los funcionarios piden algo tan «importante» que es que se les considere de manera legal autoridad como ocurre con policías, guardias civiles, e incluso profesores o médicos . «Si no nos respaldan desde fuera, ¿cómo nos van a respetar dentro? Necesitamos que nos hagan caso».
Otra cuestión es la falta de personal sanitario, o de psicólogos y educadores. «A los reclusos se les pone en tratamiento pero si no se les puede dar un buen seguimiento al final no sirve para nada», advierten. Entre las plantillas se están dando muchos casos de ansiedad, de estrés, de miedo insuperable. Como algunos funcionarios que después de ser víctimas de una agresión, cuando regresan de la baja, no quieren volver al mismo puesto que ocupaban. Se encuentran bloqueados y, si se les concede el cambio, pasan a oficinas.
Estos trabajadores públicos piden que se les reconozca su labor, que además se aumenten sus sueldos congelados desde hace años y que no haya tampoco distinciones salariales por comunidades. Todo ello mientras que continúan cada día manteniendo la cabeza fría en ese difícil equilibrio entre la autoridad y la cercanía. Mientras todo sigue igual y continúan «sobreviviendo». Ahí dentro.
