La Fiscalía mantiene la pena para los investigados en el caso de la perrera de Puerto Real

El juicio por el caso de la perrera de Puerto Real ha quedado este martes visto para sentencia tras las cinco sesiones practicadas y en las que han pasado por la sala tanto los investigados: el gerente, la directora y uno de los veterinarios del centro como el resto de testigos. Como se recordará, las acusaciones piden para los procesados un año, y año y medio de prisión por un presunto delito de maltrato animal continuado porque, según mantienen, practicaron eutanasias a cientos de animales provocándoles una muerte «agónica». Por su parte, las defensas solicitan al juez la absolución de sus representados.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía ha elevado su petición de una sentencia condenatoria al entender que en El Refugio se practicaron sacrificios «de manera masiva» con un medicamento, el Mioflex, cuyo suministro está prohibido como eutanásico.

Según precisó existen «claros indicios» de esta práctica. Así recordó que el Seprona encontró 57 ampollas de este fármaco en el registro que hizo tras la denuncia de 2007 en las instalaciones.

Por otro lado, la fiscal destacó la importancia de las testificales, sobre todo la de los peritos. Así recordó que la necrosia que se le realizó al único perro que se analizó (los demás quedaron incinerados) concluyó que el can había muerto por eutanasia y no por ningún ataque. En cuanto a la justificación dada por el veterinario sobre que les administraba Mioflex a los animales segundos antes de su fallecimiento para evitar el 'rigor mortis' y poderlos meter con facilidad en el horno crematorio, el Ministerio Público consideró que los testigos con conocimientos médicos que han pasado por la sala han negado que este fármaco evite dicha rigidez.

En cuanto a las condiciones en las que vivían los animales recogidos en la perrera, la Fiscalía volvió a describirlas como «deficientes» tras las pruebas y los testimonios aportados. Así, determinó que el veterinario practicaba la eutanasia de manera «masiva» por un «medio ilícito», mientras que la directora y el propietario del centro eran los «garantes» del estado de los animales. «Uno ejecutaba la muerte y otros la hacían posible», afirmó. Según incidió administraban dicho fármaco que producía tal «agonía» para reducir costes a pesar del daño que les provocaba a los perros. «Es cierto que es legal dar muerte a los animales pero siempre en determinadas condiciones que legalmente sean admisibles y con el mínimo sufrimiento posible».

Por su parte, la acusación de la protectora El Refugio que presentó la denuncia que llevó el caso a los tribunales, se manifestó en el mismo sentido que el Ministerio Fiscal pidiendo una sentencia condenatoria. Según destacó, la periciales practicadas «han demostrado que el sacrificio con este fármaco produce una muerte horrenda, agónica al animal». Y que desde 2005 a septiembre de 2007 se practicaron eutanasias de forma «sistemática». Así, aseguró queda acreditado por varias circunstancias: la queja presentada ante el Colegio de Veterinarios en 2007, la cantidad «abusiva» de Mioflex que se hacía en los pedidos y que un miembro del colectivo Prodean vio tales prácticas en 2006.

El letrado se refirió de forma directa al veterinario que se encuentra en rebeldía y no ha acudido al juicio. Según recordó durante la inspección, éste le reconoció a los agentes del Seprona que sí había suministrado Mioflex. Además explicó que tanto el gerente como la directora tenían que tener conocimiento de lo que en el centro se hacía. «Ella era quien lo compraba y pagaba y él conocía perfectamente el funcionamiento del centro y al personal». Como aseguró, los veterinarios lo aplicaban «por una orden de la empresa para reducir costes»

También elevó sus conclusiones la acusación particular que representa a la pareja de italianos cuyos perros fallecieron en el centro. Para el abogado, la perrera era «una cámara de los horrores» y una empresa «disfrazada de protectora para conseguir pingües beneficios de los ayuntamientos con los que tenía generosos contratos». A su entender se eliminaban «las pruebas del delito con la incineración» y empleaban el Mioflex, «un bloqueante neuromuscular que produce asfixia» y que «no existe» como fármaco para los veterinarios.

Una acusación «sin pruebas»

Por contra a todo los expuesto por las acusaciones, las defensas han solicitado la absolución de sus representados al entender que no existen pruebas de cargo contra ellos. «Es de una impunidad absoluta que se puedan imputar hechos cuando ni siquiera hay practicadas esas pruebas», señaló el abogado del gerente y la directora del centro. «Se mantiene un 'totum revolutum' de todos los implicados cuando su implicación en los hechos es bien distinta», precisó.

Para la defensa no hay argumentos que sustenten la acusación. Por un lado, la razón económica sobre que se usaba Mioflex porque era «mucho más barato» que otros eutanásicos no ha quedado acreditada. Según recordó, los veterinarios que han pasado por la sala no han dado un precio exacto del producto y, si el hecho se ciñe a lo estipulado por algunos de ellos, el ahorro habría sido de unos 1.700 euros al año. Dicha rebaja es «ridícula para un señor que tiene una empresa en Mozambique y otras con más de 400 trabajadores», declaró. Además, el letrado llamó la atención sobre el hecho de que «nunca» tuvieron ningún problema por alguna inspección. A este respecto aseguró que la incineradora tenía contrato legal y que en 2003 el propio dueño pidió hacer un estudio de calidad. Sobre la circunstancia de que hicieran sacrificios, afirmó: «Hablamos de unas instalaciones que tienen que existir por mucho que duela... y nos duele a todos».

Según aseguró en cuanto a la implicación del gerente en el uso del Mioflex, destacó que éste no tenía por qué meterse en consideraciones médicas ya que tenía contratado a personal veterinario para ello. «No hay ni una sola prueba que acredite que el gerente sepa cómo se practicaron las eutanasias».

En cuanto a las instalaciones, el abogado valoró el hecho de que varios testigos hayan hablado de que se encontraban en buen estado. Un ejemplo, el presidente del Colegio de Veterinarios quien dijo que funcionaban correctamente, que él mismo llevaba allí a los perros de su clínica para incinerar y que su cierre había supuesto un «colapso» por la falta de este servicio en la provincia.

Sobre las testificales la defensa considera que en la sala se han ofrecido sólo testimonios de referencia, testigos que han hablado «por oídas» pero que no conocieron de primera mano lo que allí ocurría. Y expuso el hecho de que durante dos años y medio dos miembros del colectivo Prodean acudieran al Refugio pero no sacaran en su página web «ni una foto» de los perros hacinados, ensangrentados o en circunstancias pésimas.

Por último, la defensa del veterinario explicó que su representado ejerció sus funciones en la perrera de 2003 al 4 de febrero de 2007, circunstancia ésta que le sitúa fuera del centro el día del supuesto ataque a los canes de los denunciantes y que dio lugar a la denuncia. Además recordó que el veterinario que sí ejercía su labor entonces ha sido el referido por muchos de los testigos en cuanto a la administración del fármaco prohibido. «Tenemos un veterinario que ha huido de la justicia, mientras que mi representado está aquí dando la cara. Los pecados y delitos son individuales».

Sobre la inoculación del Mioflex el abogado recordó que su defendido sí admitió en su declaración que lo usaba pero matizó que lo hacía «en el umbral de la muerte del animal y para evitar el 'rigor mortis'». Además sí consideró el hecho de que se han aportado facturas de otros eutanásicos y pastillas analgésicas que también se suministraban dentro del protocolo. En este sentido, el propio técnico procesado hizo uso del derecho a la última palabra y aseguró al juez que siempre usó el fármaco «en estado de inconsciencia del perro y a partir de que se legalizara el horno crematorio. Si en mis vacaciones se produjo un repunte de los pedidos, no fue mi responsabilidad».