«Yo iba todos los días a mi despacho»

¿Cómo es posible que una persona se ausente seis años de su trabajo y nadie se dé cuenta? Esa es la pregunta que se hace todo el que escucha la rocambolesca historia de Joaquín G. V., un funcionario del Ayuntamiento de Cádiz que estuvo al parecer durante todo ese tiempo «desaparecido», sin acudir a su despacho, pero que siguió cobrando con normalidad cada mes su nómina. Eso es, al menos, lo que se concluye tras la sentencia judicial que ha confirmado ahora un expediente que le abrió el Ayuntamiento al funcionario por absentismo por el que deberá de pagar una sanción de unos 30.000 euros.

Si se atiende a esa resolución, Joaquín estuvo «sin realizar tarea alguna y sin acudir al puesto de trabajo» desde 2004 hasta que se jubiló en 2011.

Pero fue en 2010 cuando, según el entonces concejal de Personal, José Blas Fernández (PP), se percató de su ausencia, cuando se interesó por saber cómo iban unas gestiones que supuestamente eran responsabilidad de este funcionario.

Joaquín, había empezado a trabajar como ingeniero en el Ayuntamiento en 1990. Entró en la plantilla del área de Medio Ambiente. Hasta que en 1998 por medio de un acuerdo con Aguas de Cádiz pasó a la empresa municipal para hacerse cargo de los controles de las obras de la depuradora La Martona. Fue en este periodo cuando le expedientaron y cuya sanción se ha hecho definitiva con esta sentencia.

«Yo iba todos los días al despacho», asegura el funcionario. Su versión es bien distinta a la que se ha conocido hasta el momento. Según asegura, todo se debe a una «persecución política» del propio concejal popular. Afirma que esta situación la tuvo que vivir durante seis años también por las diferencias que tenía por su condición de delegado sindical durante este tiempo. Joaquín G. V., cuñado además del que fuera candidato socialista a la Alcaldía Fermín del Moral, afirma que el problema surgió a raiz de una «mala relación» y que «en ningún momento» dejó de ejercer sus responsabilidades ni de acudir a la oficina. En este sentido, reprocha que lo «apartaran intencionadamente» y no se le diera trabajo «pese a que ellos sabían que estaba allí».

Sobre cómo se llegó hasta este punto si no era verdad, su abogado insiste en que fue un problema que creció, que se «dejo ir» y no se defendió nunca de ese expediente ahora resuelto. Además de que, según su defensa, estuvo mal asesorado y tampoco quiso recibir «más presiones».

«Llegó a pedir vacaciones, también en ese tiempo le hicieron funcionario, e incluso se pidió una baja... ¿y no se dieron cuenta que no estaba?», se pregunta. Y es que el 1 de enero de 2005 según reza el expediente al que este periódico ha tenido acceso a Joaquín se le notifica su nueva condición laboral por parte del Consistorio.

«No es lógico ni normal»

Según indica su defensa, «no es lógico, ni normal, que una persona sea acusada de no trabajar cerca de una década, porque además de falso, lo que demuestra es que en esos diez años no se han interesado lo mas mínimo por un empleado, lo cual deja de ser insólito, absurdo e intolerable en una Corporación».

En este sentido también se manifestó ayer el alcalde de Cádiz quien criticó que el Ayuntamiento entonces gobernado por el PP no se diera cuenta antes.

Con todo, la sentencia no tiene ya recurso posible, por lo que el condenado deberá asumir el pago de los 29.920,93 euros. No tendrá que devolver todo el salario que percibió como le pedían, porque sólo tiene que abonar la parte proporcional del periodo que no ha prescrito. El funcionario ya ha pedido al regidor gaditano que tengan en cuenta su versión y no se le cobre la sanción.