La plantilla de la Escuela de Hostelería de Cádiz se plantea llevar su caso ante la Justicia

Cansados de «acumular cuentas en el rosario de promesas incumplidas» y a no ser que se produzca una respuesta inmediata por parte de la Junta de Andalucía que normalice cuanto antes la situación de la Escuela de Hostelería de Cádiz, la plantilla se ha puesto en manos de abogados y está estudiando la posibilidad de llevar a cabo denuncias particulares contra todos los responsables que han llevado a los trabajadores del centro a la situación de desamparo que actualmente viven, con siete nóminas pendientes de cobro y años de lucha por la continuidad de un centro formativo cuya cuota de inserción laboral en el sector roza el 100%.

«Que la Justicia depure las responsabilidades, sociales o penales, que crea oportunas», recoge el manifiesto que Desireé Ortega, portavoz de la plantilla, ha leído este miércoles durante la jornada laboral reivindicativa ininterrumpida de 24 horas que los trabajadores están desarrollando en el centro desde la nueve de esta mañana.

Aunque los profesionales de la Escuela de Hostelería han dejado claro que todavía deben marcarse la hoja de ruta a seguir en los próximos días, sobre todo a la espera de si se produce algún avance por parte de la Administración autonómica ante su reclamación, parece que lo poco que les queda de paciencia no alcanzará hasta más allá del 16 de noviembre, día en el que la secretaria general de Empleo, Empresa y Comercio, María de la Luz Fernández, aseguró que estaría terminada la auditoría que permitirá que el centro se integrase, de una vez por todas, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Lo más preocupante del caso es que esa ansiada auditoría aún no ha comenzado y ni siquiera existe la certeza de que se vaya a realizar a tiempo. Por ello, la Escuela de Hostelería no descarta llevar a cabo nuevas movilizaciones como las que durante estos días están llevando a cabo todos los consorcios-escuela de Andalucía que pasan por idéntica situación que el de Cádiz, una realidad que afecta a un total de 167 trabajadores de once centros.

Durante la jornada, los empleados ha estado arropados por familiares, amigos y vecinos, así como por representantes de la Corporación municipal como el alcalde, José María González, o los concejales Martín Vila, David Navarro, Alejandro Varela y Bruno García, así como por el diputado Antonio Alba (IU).

«Venir cada día a tu trabajo y ver como se va cayendo poco a poco es muy duro», comentaba Cristina Sánchez de la Campa, trabajadora del centro que lamentaba que «aquí hay una garantía de empleabilidad, una formación que funciona... y todo se ha convertido en una pesadilla. Llevan tres años cachondeándose de la plantilla, del alumnado y de la ciudadanía. Pedimos un mínimo de respeto».

Su compañero José Manuel señalaba que «seguimos peleando porque creemos que la escuela es útil para Cádiz y porque es nuestro trabajo. Pero también hay 40 alumnos que cursaron cuatro meses y llevan un año y medio con su formación a medias. Esto es un desastre para sus vidas».

«Un chiste»

La plantilla de la Escuela de Hostelería de Cádiz ha considerado «un chiste» la propuesta lanzada tiempo atrás por Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz, para fusionar este centro con la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones como solución a los males que arrastra. Una proposición que ya le costó en su día numerosas críticas desde todos los partidos políticos, incluido el suyo, el PSOE.

«Decir eso es reírse un poco más de nosotros. Más aún cuando ni siquiera nadie de ha venido aquí a informarse de nada. Creo que la solución es más para la escuela de Diputación, que se ahorraría tener que pagar un alquiler», ha manifestado uno de los trabajadores de una plantilla que recordó que Irene García es una de las dirigentes de la provincia a las que se ha solicitado formalmente una reunión que aún no ha sido atendida.

Tampoco han contestado a este llamamiento de los empleados, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios –el mismo que en noviembre de 2013 aseguró jamás se volvería a producir una situación de impago– o el delegado del gobierno en Cádiz, Fernando López Gil.