El equipo de Gobierno declaró ilegítima la deuda en 2015.
El equipo de Gobierno declaró ilegítima la deuda en 2015. - la Voz

Los patinazos del concejal de Hacienda, David Navarro

David Navarro ha pisado media docena de charcos en lo que va de legislatura

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La gestión de David Navarro al frente de la Delegación de Hacienda ha copado la actualidad local de los últimos días con motivo de la reprobación presentada el viernes en Pleno y aprobada por todos los grupos que conforman la oposición. La chispa saltaba en la mañana del martes cuando el grupo municipal socialista presentaba ante los medios la moción en la que pedía la reprobación y posterior dimisión de Navarro por considerarlo responsable del «caos» económico en el que se encuentra sumido, a día de hoy, el Consistorio gaditano. Tan sólo 24 horas después, el grupo municipal Ciudadanos presentaba una enmienda a la propuesta del PSOE en la que sumaba aún más motivos para pedir la marcha del concejal de Hacienda.

Una reprobación a la que también se sumaba el Partido Popular con duras acusaciones. Todos ellos esgrimieron, a lo largo de la semana, todo un rosario de argumentos que avalaban su postura. Una gestión calificada de «nefasta» que está «lastrando» las cuentas de la ciudad de Cádiz.

Deuda ilegítima

Fue la primera declaración de intenciones por parte del nuevo equipo de Gobierno nada más arribar a San Juan de Dios. En el Pleno del mes de noviembre de 2015, el recién llegado equipo de Gobierno solicitó al resto de grupos de la Corporación municipal el apoyo a una propuesta para «declarar que el volumen del endeudamiento del Ayuntamiento de Cádiz , así como los intereses pagados y por pagar como ilegítimos, excesivos y dañosos para los intereses públicos municipales y de la ciudadanía gaditana», una propuesta que fue finalmente tumbada por la oposición. No obstante, no cejaron en su empeño y continuaron con su propósito durante unos meses más en los que se negaban a pagar la deuda. Sin embargo, se vieron obligados a claudicar al comprobar que la gestión en esos términos no era viable y tenían que seguir negociando con los bancos.

Presupuesto 2016

En mayo de 2016 el equipo de Gobierno, a través de su Delegación de Hacienda, presentaba por primera vez el presupuesto municipal elaborado para ese año y que debía ser aprobado en Pleno. Hasta en dos ocasiones fueron debatidas las cuentas municipales en sesión plenaria y siempre encontraron el voto en contra de la oposición que no aceptaba la inclusión de ingresos «ficticios». En concreto se trataba, por un lado, de los 9,8 millones de la venta del módulo hotelero de la tribuna del Estadio Carranza y, por otro, 8,5 millones de euros que el Consistorio esperaba percibir de la Junta de Andalucía. Al no conseguir consenso en Pleno, el equipo de Gobierno decidió aprobar los presupuestos «por la puerta de atrás», en Junta de Gobierno Local. No obstante, esta decisión le pasará factura puesto que el Tribunal Constitucional emitió, el 9 de junio de 2016, una sentencia que admitía el recurso de la Junta de Andalucía por la que se invalidan determinados acuerdos tomados en Junta de Gobierno Local, como es el caso de la aprobación de unos presupuestos municipales. Dado que en 2017 aún están en vigor los presupuestos prorrogados de 2016, cabe la posibilidad de que, aplicando dicha sentencia, las cuentas actuales del Ayuntamiento queden invalidadas por el Tribunal Constitucional.

Hotel del Estadio

Ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por la oposición para decirle a Navarro que debe marcharse. Desde que el concejal de Hacienda presentó el primer presupuesto elaborado por el nuevo Gobierno local estaba convencido de que el módulo hotelero de la tribuna del Estadio Carranza se iba a vender. Tanto es así que no tuvo ningún reparo en contar con ese dinero en el apartado de ingresos, una cantidad de 9,8 millones de euros destinados a amortizar deuda. Pero Navarro fue más allá y en mayo de 2016 aseguraba públicamente que «si llegado el 31 de diciembre no hemos vendido el hotel a mí se me puede tachar de iluso, de no tener ni idea de economía y de no ser responsable con el dinero público». De hecho, ya entonces confirmaba la existencia de inversores interesados en hacerse con el módulo hotelero del Carranza. Sin embargo, fueron pasando los meses y la operación de compra-venta no cuajaba. En octubre del pasado año el edil de Hacienda aseguraba en este medio estar «muy tranquilo» por las conversaciones que personalmente estaba llevando a cabo con distintos grupos inversores, no sólo a nivel nacional sino internacional. Llegó a afirmar que Cádiz está en mesa de todos los grupos inversores ya que este espacio es un «caramelo» por lo que hacía un llamamiento a la calma porque «no va a haber ningún tipo de problema». Pero lo cierto es que el hotel no se vendió.

El propio alcalde, José María González, aseguraba el 30 de diciembre que «el hecho de que la venta no haya podido materializarse antes del 31 de diciembre no va a afectar a la situación económica municipal ni va a descuadrar los presupuestos». «La tribuna se venderá y tendrán que pedir disculpas a David Navarro» sentenciaba. Pero el hotel no se vendió. Ambos han mantenido el mismo discurso hasta el pasado 20 de julio, cuando concluía el plazo de adjudicación directa para su venta. Tras la operación frustrada han tenido que sacar adelante en Pleno una propuesta para otorgar al Consorcio de la Zona Franca una opción de compra gratuita por el precio y las condiciones determinadas en el convenio suscrito con el Ayuntamiento con fecha de 17 de junio de 2013. Zona Franca goza ahora del derecho de compra preferente por un periodo de un año, tiempo durante el cual no se podrá ofertar a terceros.

No hay nuevos pliegos

El Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a prorrogar varios contratos con empresas concesionarias al no haber redactado los nuevos pliegos de condiciones para sacar a concurso público los servicios. Esto significa que el actual equipo de Gobierno está gestionando todos los servicios municipales con los mismos contratos que, anteriormente, había firmado el Gobierno del PP. El caso más flagrante es el servicio de Limpieza, prorrogado por segundo año consecutivo con la empresa Sufi-Cointer. Los partidos de la oposición achacan al edil de Hacienda que los servicios, tal y como están planteados en la actualidad, suponen un desembolso importante para las arcas municipales por lo que, si se convoca un nuevo concurso, se podría redactar un pliego más rentable y beneficioso que pudiera abaratar costes al Ayuntamiento al tiempo que se mejora el servicio para el ciudadano. Cabe recordar que la Limpieza es el servicio que más dinero cuesta hoy a los gaditanos con un coste de 16,5 millones al año.

Recortes

Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales confirmaba el 15 de noviembre de 2016 que, según los datos de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Cádiz redujo, durante el pasado año, un 20% el gasto en Servicios Sociales. Fue sólo el inicio de la política de recortes que la Delegación de Hacienda ha llevado a cabo en la ciudad en los últimos meses ya que en marzo del presente año el equipo de Gobierno aprobó un decreto por el que se realizaba un ajuste de 13,5 millones de euros con cargo a partidas tan importantes para la ciudad como Vivienda, Empleo y Mantenimiento de equipamientos municipales. Navarro argumentó que el decreto era un «ajuste transitorio» hasta que se aprueben las cuentas de este año 2017, cosa que aún no ha ocurrido.

2017 sin presupuestos

El calendario ya llega a finales de julio de 2017 y el día a día de los gaditanos se rige en base a unos presupuestos prorrogados y desequilibrados. Así lo confirma el Tribunal de Cuentas en un informe emitido a petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que se recoge que «no se han cumplido las condiciones de nivelación presupuestaria efectiva», precisamente por los 9,8 millones del hotel del Carranza, una inversión «poco fundamentada» según este tribunal. Cabe recordar que la nivelación presupuestaria es una exigencia legal para la realización del presupuesto de un Ayuntamiento. David Navarro declaró en el pleno del mes de marzo que «en breve» se convocaría a la oposición para comenzar a negociar los presupuestos de este año en los que se prevé que se aumenten las partidas dirigidas a Empleo, Vivienda y Asuntos Sociales, que se vieron recortadas hace cuatro meses. La negociación comenzará el próximo otoño.

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