«La Junta está mareando la perdiz con tantos cambios»

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, afirmó ayer que la Junta de Andalucía está «mareando la perdiz y jugando con los gaditanos» con anuncios de nuevos posibles emplazamientos para la Ciudad de la Justicia, un proyecto que acumula ya 15 años de retraso y cuya ubicación ideal sería, a su juicio, la inicialmente prevista en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana, en San Severaiano. En representación de los más de 700 operadores jurídicos colegiados, su presidente ha lamentado el «menosprecio» de la Junta de Andalucía hacia Cádiz.

El anuncio de la Junta planteando la unificación de las sedes judiciales, bien en la antigua Escuela de Náutica, bien en los terrenos de los depósitos de Tabacalera, supone "una inocentada tardía", que se suma "a la broma del año pasado: ubicar la Ciudad de la Justicia en la Zona Franca", sostiene el presidente de los graduados.

El presidente del colegio, ha exigido a la administración autonómica que "no se lancen más globos sonda sobre un asunto tan importante como éste, que nos vendieron hace 15 años a bombo y platillo y del que nunca más se supo".

La construcción de la Ciudad de la Justicia está proyectada en los terrenos de la antigua Institución Provincial Gaditana y aledaños desde diciembre de 2001, cuando la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía anunció su creación. En los años 2005 y 2006 se realizaron es estos terrenos trabajos previos de adecuación por importe de 800.000 euros, incluyendo sondeos arqueológicos y la democión de los edificios existentes, además de un estudio geotécnico.

La cosa no quedó ahí, recuerda el presidente de los Graduados Sociales, porque en 2007 se presentó "a bombo y platillo" el proyecto de construcción, que tuvo un coste para las arcas públicas de 3,7 millones de euros."Se nos entregó un CD con todos los detalles de la Ciudad de la Justicia, que lleva 15 años siendo sólo eso, un CD con un puñado de fotografías virtuales y colorines", lamenta José Blas Fernández.

Pasados tres lustros, y después de varios escritos del Colegio de Graduados Sociales al Defensor del Pueblo, la Junta de Andalucía "nos vuelve a tomar el pelo", asegura su presidente, que no obstante reitera el ofrecimiento “de esta corporación profesional para mediar y aportar soluciones a la dispersión de las sedes judiciales en Cádiz, un problema que origina numerosos problemas desde el punto de vista del funcionamiento y la operatividad de la Justicia, además de un quebranto económico importante en pago de alquileres”.