El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión del Consorcio del Bicentenario

Con un rotundo «hemos estado gobernados en esta ciudad por una banda de manirrotos» ha resumido el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, la gestión del anterior equipo de Gobierno. En esta ocasión, por un asunto en el que la responsabilidad máxima no es del Consistorio gaditano en exclusiva puesto que se trata del Consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812, donde además de la administración local gaditana están representados el Gobierno de la nación -ostentando la presidencia-, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando.

Navarro ha explicado que ya en el mes de abril salieron a la luz las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de este Consorcio tras la emisión de un informe del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas en el que se detectaban «indicios de responsabilidad contable con la existencia de deficiencias e incumplimientos en materia de subvenciones y gastos y falta de control interno o descoordinación».

A este informe, el Gobierno de la nación presentó una serie de alegaciones y ahora, tras solicitar tanto el Ayuntamiento de San Fernando como la Junta de Andalucía una ampliación del plazo, se ha notificado a todas las partes que contaban con diez días a partir de la recepción de dicha resolución para presentar sus reclamaciones. Junto a la notificación, registrada en el Ayuntamiento el pasado 27 de septiembre, se adjuntaba un extracto del informe del Fiscal Jefe en el que habla de «indicios de responsabilidad contable en un total de 16 hechos», ha señalado Navarro.

Transferencias sin verificar

El concejal de Economía y Hacienda ha expuesto que «no se ha podido verificar el pago de 29 transferencias de las 94 analizadas, que suponen un total de dos millones de euros, o la no existencia de todas las firmas necesarias para operar en determinadas cuentas».

Asímismo, el informe especifica en su último párrafo que se eleva la documentación a los magistrados de la sección de enjuiciamento del Tribunal de Cuentas «para que continúen con el proceso si así lo estima oportuno», ha subrayado Navarro. El edil ha añadido además que, «a la vista del informe, hay claras responsabilidades políticas ya que eran representantes públicos los que gestionaban este Consorcio y habla de instituciones públicas como organizadores de actividades que pudieran derivar en responsabilidades contables, por lo que desde aquí exigimos responsabilidades a los políticos al frente del Consorcio del Bicentenario».

El edil ha señalado que «el informe habla también de la aplicación irregular del sistema de anticipos de caja fija y la flagrante vulneración de la normativa vigente». Ha apuntado pagos por 18.400 euros por trabajos relacionados con una exposición «que no llegó a celebrarse» o de 8.500 euros a la Federación de Peñas y entidades caleteras en concepto de indemnización «por un contrato de 18.000 euros suscrito en enero de 2012 y sin embargo, la Abogacía del Estado dice que no se trata de un contrato, sino de una subvención, y que el Gerente carecía de competencias para firmarlo».

Navarro ha señalado también que el fiscal «habla de irregularidades en la búsqueda de patrocinadores», asegurando que no se acredita la captación de los mismos por la empresa adjudicataria.

Asímismo, respecto al espectáculo de Carlinhos Brown ha asegurado que «no está justificada la relación de este evento de 296.888 euros con los actos en sí del Bicentenario». Ha detallado a su vez que que el documento «aborda irregularidades en el convenio que firmó el Consorcio con el Ayuntamiento de Cádiz, por un importe de un millón de euros pero que sólo figura un documento, sin firmar para variar, por importe de 192.768 euros, y que finalmente se superó el pago previsto inicialmente en 1.100 euros».

Ha continuado relatando que el Consorcio abonó el pago a dos sociedades municipales «con las que no tenía vinculación jurídica alguna». Ha recalcado que la justificación que presenta Cádiz 2000, «que dice es en una fotocopia por una factura, es insuficiente por la falta de vinculación jurídica y por la falta de justificación». A su vez, indicó que se especifica que «las facturas que presenta Cádiz 2012 ninguna es la original y que fueron emitidas antes de la firma del convenio».