La Corporación Municipal, en pie de guerra

Pasadas las tres de la tarde de este viernes el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz se disponía a debatir una propuesta del equipo de Gobierno relativa a la Adhesión del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz a la Red de Acción Local en Salud. Se trataba de un tema que para nada se puede considerar como menor, en la misma medida que no lo es la salud de los gaditanos. Con esta adhesión se da un paso para estudiar los condicionantes vitales en la ciudad, así como la forma de implementar medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los gaditanos. Pero nadie lo diría. De 27 concejales que componen la Corporación Municipal, atendieron al debate 12.

Y es que este viernes donde se puso toda la carne en el asador fue en la pose, en la declaración de intenciones, en el discurso impostado.

Ahí se fue la energía, en medio de gritos y acusaciones, algunas veladas, otras directas, de enchufismo y de falta de ética. Fue precisamente eso, la ética de los concejales lo que se puso sobre la mesa, también el conocimiento o desconocimiento de la legalidad, o mejor dicho, la responsabilidad o irresponsabilidad de los ediles con los ciudadanos a la hora de presentar y ejecutar propuestas, lo que prendió la mecha de un enfrentamiento con vocación de ser televisado. Algunos, como el alcalde, reconocieron haberse convertido en estrellas mediáticas aún sin buscarlo. Otros, como Fran González, quizá han buscado este viernes restar protagonismo audiovisual a sus contrincantes, sabedores de que los medios nacionales les tienen echado el ojo.

Pero la mecha se agotó y la dinamita (aunque quizá hablar de explosivos en el día de ayer no es lo más adecuado) terminó por saltar por los aires en presencia de los okupas de la Corrala de la Bahía, que empezaron escuchando el debate del punto para instar al Banco de Santander a autorizar el alta de los suministros vitales básicos en el edificio con espíritu guerrero y lo terminaron ojipláticos ante una bronca descomunal que ha acabado con el concejal de Podemos David Navarro diciéndole en tono amenazante al socialista Juan Cantero: «Se acabó ya, ¿te estás enterando?», ante los improperios que el segundo se empeñaba en repetir.

Desde luego los nervios estuvieron a flor de piel. Influyó el desalojo del Ayuntamiento por el aviso de bomba poco después de las once de la mañana, pero el terreno ya estaba abonado tras una semana de desencuentros por culpa de la falta de información sobre el cumplimiento de los acuerdos plenarios, por la gestión de las políticas sociales que afectan a las personas sin hogar y, especialmente, por el sorpresivo traslado a Madrid de la entrega del Premio Libertad Cortes de Cádiz a los opositores venezolanos. De hecho, en mitad del Pleno los concejales del PP Teófila Martínez e Ignacio Romaní anunciaban que se ausentaban de la sesión para desplazarse a Madrid como representantes del Ayuntamiento en la ceremonia de entrega de los galardones.

El ambiente estaba enrarecido, es indudable, y eso que el Pleno empezó con el acuerdo de cambiar las tasas deportivas y bonificar el uso de las instalaciones deportivas municipales con precios adecuados a la renta de las familias. Pero pocos más acuerdos hubo. Y no es que no se aprobasen por unanimidad varias propuestas, sino porque el enfrentamiento, que ya llega a lo personal entre los representantes de los distintos grupos municipales, eclipsó el fondo del debate.

Puertas giratorias

Las alusiones personales llegaron en el debate de una propuesta del equipo de Gobierno que perseguía un compromiso ético de los concejales para evitar, fundamentalmente, las llamadas puertas giratorias. La propuesta se ha aprobado, pero con una enmienda de adición del Partido Socialista en la que se incluía que, igual que los concejales no deben ocupar cargos en consejos de administración de empresas directamente relacionadas con sus funciones políticas en los años posteriores a dejar su acta, ese compromiso ético sea asumido también por los gerentes y personal directivo de las empresas municipales, por el personal asesor nombrado por el gobierno y por los familiares directos, incluyendo parejas, de los miembros de la Corporación. Ese fue el punto en el que comenzó la tormenta de acusaciones sobre los concejales del equipo de Gobierno por haber usado esas puertas giratorias pero al revés, para favorecer la entrada de «gente de la calle» a las instituciones.

Se ha aludido directamente a las parejas de concejales y asesores, contratadas a su vez como personal de confianza por Podemos; se aludió a la contratación como asesores de miembros de las listas de los partidos que forman el equipo de Gobierno tras no haber alcanzado acta de concejal; se aludió a la participación en actividades promovidas por el equipo de Gobierno de toda una serie de personas vinculadas a empresas de las que forman parte otros asesores del alcalde.

El portavoz del PP ha llegado a preguntar a los concejales del equipo de Gobierno que tienen condición de funcionarios municipales si es que no se van a beneficiar de las mejoras que pueden promover en sus respectivas delegaciones una vez que vuelvan a sus puestos de trabajo habituales.

Siguió la pelea dialéctica con la propuesta para que los acuerdos plenarios tengan su cumplimiento supeditado a informes económicos o jurídicos de los técnicos municipales. La oposición acusó al equipo deGobierno de intentar coartar su labor, incluso de intentar aplicar en el Pleno «la ley mordaza». Hasta el secretario tuvo que intervenir para dejar en evidencia que la mayor parte de los supuestos esgrimidos por el equipo de Gobierno para pedir esta fiscalización técnica ya están contemplados por el reglamento vigente. Decayó la moción con los votos en contra de toda la oposición.

Pero el culmen del enfrentamiento político estaba aún por llegar. Y se produjo con los miembros de la Corrala de la Bahía como excusa y testigos. La oposición acusó al alcalde de haber mentido a estas personas con sus promesas electorales de darles una solución y de traer una propuesta demagógica y sin posibilidades de prosperar al darse cuenta de su incapacidad para llevarlas a cabo.

La socialista María José Rodríguez le preguntó a José María González si no le daba «vergüenza» presentar esta propuesta, conminándole a actuar más allá de intentar contactar con el Banco de Santander, «a sabiendas de que no va a hacer nada», y buscar una verdadera alternativa habitacional para estas personas. Eso sí, en igualdad de condiciones que las 5.800 familias que forman parte del Registro de Demandantes de Vivienda de Cádiz. Fran González ha añadido que «al alcalde no le ha temblado el pulso para pedirle a este portavoz socialista que mediara con el Santander para conseguir un crédito para que Zona Franca pudiera hacerse con los locales de Tribuna, pero aún estoy esperando a que lo haga para este asunto». Fue ahí donde acusó al alcalde estar «jugando con estas familias». Visiblemente alterado llegó a proponer al regidor que incluya una partida en los Presupuestos y le plantee al Santander la adquisición del edificio.

Juan José Ortiz (PP) ha acusado también al alcalde de haber usado a los vecinos de la Corrala para terminar escondiéndose en el Pleno. Una situación que considera un reflejo de la gestión de Podemos-Ganemos al frente del Ayuntamiento, donde «hasta el reloj está parado».

Ya en un clima más sosegado (por momentos), uno de los asuntos de mayor alcance que se ha aprobado por parte del Pleno fue el inicio de los procesos para conseguir la municipalización de los servicios de Salvamento y Socorrismo y de limpieza de las delegaciones municipales y dependencias culturales y sociales.