Cádiz
«Mi casa está okupada por siete personas y Asuntos Sociales no da la cara»
La inquilina de la calle Navas sigue sin abandonar la vivienda en alquiler social y ha acogido a su hermana tras ser desahuciada de la casa de enfrente
La polémica okupación de dos hermanas en viviendas de un mismo bloque en la calle Navas, en el barrio del Mentidero de Cádiz, se ha enquistado con el paso de los meses. La planta baja, donde la Policía llegó a intervenir hace unos meses tras convertirse en un punto de venta de drogas, sigue siendo motivo de conflictos para los vecinos.
Las dos hermanas vivían hasta hace unas semanas en dos pisos distintos con sus cinco hijos, pero recientemente se llevó a cabo el desahucio por la vía rápida de una de ellas, quien había accedido al piso por la fuerza. Lejos de marcharse, la okupa recogió sus pertenencias y se mudó al portal de enfrente junto a su hermana .
Los siete miembros de la familia, formada por las dos progenitoras y sus hijos, viven ahora en un mismo piso, el de Francisco José, la primera persona que denunció esta situación y que ahora exige con insistencia a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz que busque una solución inmediata.
Francisco José fue el primero en denunciar esta situación y desde entonces asegura haber perdido «cerca de 5.000 euros»
El gaditano, que vive de la renta de éste y otro piso y de la pensión que recibe desde hace 20 años tras perder las piernas en un accidente de tráfico, lleva cinco meses sin recibir ningún ingreso de este alquiler . Al principio al menos recibía el porcentaje de la mensualidad correspondiente al Ayuntamiento de Cádiz, que ofreció una ayuda al alquiler a esta vecina por su complicada situación, pero desde que puso la denuncia para buscar una orden de desahucio el contrato se suspendió.
«Ahora han metido todos los muebles en mi casa y estamos esperando que las desahucien, pero han pasado cinco meses y sumando la luz y el agua he perdido cerca de 5.000 euros », explica este propietario, quien se ha reunido con Asuntos Sociales en busca de una solución. Según su versión, la Delegación se comprometió a acelerar el pago del Ingreso Mínimo Vital para que la inquilina pueda abonar el alquiler o al menos abandonar el inmueble, situación esta última que todavía no se ha dado. Las dos okupas reconocieron esta situación de ilegalidad hace unos meses y reconocieron que la mantendrían hasta que alguien le ofreciera una alternativa habitacional. «Mi hermana no se niega a pagar la vivienda, tiene 700 euros al mes por el Ingreso Mínimo Vital, pero tampoco le alquilan ninguna casa», explicó Rocío .
«Estoy muy decepcionado porque pretendía ayudar a una persona que le hacía falta, pero hoy no lo volvería a hacer»
Preguntado por LA VOZ, el Consistorio recuerda que Asuntos Sociales no puede ofrecer detalles por la ley de protección de datos, aunque recuerda que el Ayuntamiento de Cádiz ha abonado «su parte correspondiente y las ayudas que han estado justificadas como se hace con cualquier usuario o usuaria de Asuntos Sociales». Además, «se han mantenido reuniones con la propiedad para informar de los procedimientos que se siguen tanto judiciales como sociales desde la Delegación».
Francisco José espera que en las próximas semanas se lleve a cabo el desahucio , aunque lamenta que su paciencia se agota conforme pasan los meses. Ahora, tras comprometerse a alquilar su vivienda en colaboración con Asuntos Sociales, se muestra arrepentido porque desde la Delegación «no dan solución al problema». «Estoy muy decepcionado porque pretendía ayudar a una persona que le hacía falta, pero hoy no se lo recomendaría a nadie; he tenido que gastar el dinero que tenía ahorrado para mantener esta situación», concluye.
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