Evitado en el último momento un desahucio en El Puerto

A falta de tres días de que Nazaret Caro, su pareja y sus dos hijos de 8 y 3 años se vieran en la calle, este martes, el Ayuntamiento de El Puerto ha alcanzado un acuerdo con la propietaria de la vivienda que ocupaba esta familia en La Vid, ADIF, para que les ceda el inmueble y el propio Consistorio pueda gestionar su uso.

Nazaret iba por la mañana a una reunión a Sevilla junto al primer teniente de alcalde Antonio Fernández (IU), la delegada de Vivienda, Matilde Roselló y el de Bienestar Social, Ángel María González para frenar el desalojo. Finalmente, no tendrán que entregar las llaves el viernes en el juzgado como estaba previsto. Además, ADIF ha cedido otras dos casas al Consistorio que se pondrán a disposición del registro municipal de demandantes con el objetivo de «poder adjudicarlas a otras dos familias con necesidades de habitabilidad, para que puedan así desarrollar sus vidas con más normalidad».

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Vivienda Matilde Roselló ha expresado «la satisfacción que nos produce haber logrado este acuerdo por el bien de esta persona y su familia; y porque nuestro objetivo a largo plazo es poder ampliar el parque público de viviendas para cubrir las necesidades de tantas familias portuenses». El delegado de Bienestar Social Ángel M. González ha adelantado que «ahora se trasladará este principio de acuerdo al juzgado para notificar que se ha logrado parar el desahucio».

La angustia por tener que irse de la casa se palpaba por la mañana a las puertas del bloque donde junto a José Antonio, la pareja de Nazaret, se manifestaba una treintena de ciudadanos para apoyarles. «No teníamos otra opción», contaba José Antonio. 30 años. En el paro y con una pequeña camioneta con la que hace algún porte que otro para sacar algo de dinero. «Estuvimos de alquiler unos años en la calle Durango pero todo vino a peor y nos tuvimos que ir de allí». Entonces, conocieron a la vecina que había heredado de su madre el piso de La Vid. Cuando ella se fue, les entregó sus llaves. «Fue hace tres años. En todo momento quisimos llegar a un acuerdo para pagar un alquiler social pero nos decían que no, que teníamos que irnos».

Así el 26 de octubre recibieron el aviso de que tenían que hacer las maletas y marcharse. Tuvieron un juicio y hubo fallo. «Yo no quiero la casa por la cara… de verdad… yo lo que quiero es que mis hijos no tengan que dormir en la calle». José Antonio se sinceraba. Es consciente de que la ocupación no le da derecho a seguir en ese piso pero pide para él, su mujer y sus hijos el mismo trato «que los demás» y «una solución». «¿Qué hago?», repitía una y otra vez. «No me queda otra opción. No tenemos ningún otro sitio donde ir ni trabajo ni nada».

Pero finalmente, llegaba la buena noticia y esta familia portuense podrá respirar y sumarse así a un programa de vivienda de alquiler social según estime el Ayuntamiento.