El juzgado desestima un recurso de 18 millones por el PGOU de Chiclana

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cádiz han desestimado los recursos interpuestos por dos promotoras por valor de 20 millones de euros, en concepto de reclamación patrimonial y de derecho de superficie como consecuencia de la caída del Plan General en el año 2011. Así lo explicaron la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier; la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, y el letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Carlos Jesús Pérez. El primero de estos procesos correspondía a Don Casa y era por el sector Melilla, por valor de 18 millones de euros y desestimado por segunda vez, mientras que el segundo corresponde al derecho de superficie de La Longuera, por valor de dos millones de euros, en este caso devolviendo la parcela al Ayuntamiento.

Así pues, la delegada de Urbanismo destacó que esto supone «otra buena noticia para el Ayuntamiento, ya que vuelve a ratificarse que el Consistorio trabaja conforme a los informes y a la Ley y ésta y los jueces, nos están dando la razón». Además, la edil recordó que estos 20 millones se unen a los 27 desestimados en firme y que corresponden a reclamaciones patrimoniales interpuestas que fueron desestimadas en vía administrativa. Además, Ana González también recordó que el pasado mes de junio se daba a conocer una nueva resolución de desestimación por valor de 58 millones de euros de reclamación patrimonial como consecuencia de la caída del Plan General y el no cumplimiento del convenio urbanístico ‘Pinar de Hierro’, realizada por Proviaf. Suponiendo todas estas reclamaciones un total de 105 millones de euros.

«Con todo esto, sólo queremos que quede claro que el Ayuntamiento siempre va a estar por el interés general, defendiendo siempre y de forma radical estas reclamaciones al Consistorio, que suponían 105 millones de euros para las arcas municipales y que ratifican la seguridad jurídica del Ayuntamiento», destacó la portavoz del Gobierno.

Ha sido Carlos Jesús Pérez el que ha hecho hincapié en que la actuación administrativa «se fiscaliza en los tribunales y, al final, la Justicia lo pone todo en su sitio», destacando que en ambos casos, tanto en Melilla como en La Longuera, «los juzgados han establecido el ‘statu quo’ en cuanto al funcionamiento de la administración, en el plano urbanístico que tiene tanta beligerancia».

Además, fue el letrado el que comentó que, en el primero de los casos, «hemos tenido el respaldo del más alto tribunal de nuestra comunidad, que ha dejado claro cómo son las cosas». En este sentido reseñó que el Ayuntamiento «cumplió con la parte que le correspondía en el convenio, que era la de incorporar a la norma la obligación que tenía a ese respecto».

En cuanto al segundo de los procesos, Pérez destacó que el Ayuntamiento comenzó con el proceso de licitación de un suelo para dar un aprovechamiento comercial a la zona. «La empresa a la que se le adjudicó esta licitación ha incumplido y el tribunal, en este caso, ha determinado que la licitación fue perfectamente legal y acorde con el cumplimiento de lo que pedía el proceso licitatorio. Además, nos confirma que la parcela municipal vuelve a poder entrar en un nuevo proceso, así como el desarrollo y aprovechamiento que quiera hacer el Ayuntamiento de este espacio», expuso Pérez, que también incidió en que nuevamente el Ayuntamiento «ha sido sometido a revisión, hemos vencido y esa es nuestra satisfacción». El letrado también quiso destacar la «inestimable ayuda de Bosco Rodríguez».