Procesan a Sotogrande S.A. por «negocio jurídico criminalizado»

La sociedad Sotogrande S.A. vuelve a ser juzgada penalmente en un proceso que permanecía parado hasta que el pasado jueves 11 de agosto se dictó auto de reapertura. La sociedad se encuentra imputada por estafa millonaria a los vecinos de la urbanización de La Marina. También, directivos y abogados de la misma, notarios, registradores y funcionarios del Ayuntamiento de San Roque se encuentran imputados por prevaricación y falsificación documental pública y privada. Y todo por el REM. Se trata de un canon anual millonario que la sociedad cobra por el mantenimiento de la zona.

El fiscal del caso, tras el examen de la legalidad del canon lo ha calificado de «negocio jurídico criminalizado» y ha considerado que concurren los delitos de prevaricación y estafa.

Según los letrados consultados el canon es nulo desde su origen y ello se debe a que se crea en 1995 unilateralmente por la sociedad «autoadjudicándose» el mantenimiento de ciertas zonas hasta 2057 en contra de lo establecido en el Plan Especial (que prevalece) aprobado por la Junta de Andalucía en 1992. Dicho plan atribuía el mantenimiento a una Entidad Urbanística de Conservación.

«En julio algunas de las comunidades han contratado los servicios a otras empresas. Han visto reducido el importe de sus facturas en un 90%», según el abogado de una comunidad.

El negocio del REM genera unos 5 millones anuales. En 2057 la sociedad podría haber obtenido un beneficio de más de 250 millones. Así, «los fondos Cerberus y Orion que recientemente han comprado Sotogrande podrían recuperar la inversión» con el REM.