El alcalde considera que la actuación de los dos concejales citados a declarar por el desahucio de Benjumeda fue «heroica»

El alcalde de Cádiz, José María González, mantiene que la actuación de los concejales de su equipo de Gobierno tratando de paralizar de forma física el desahucio de la semana pasada de una familia en la calle Benjumeda no fue un acto, a su entender, “constitutivo de delito”.

Hay que recordar que fueron varios los ediles de Por Cádiz sí se puede que se agazaparon ante la puerta de la finca para evitar la entrada de la autoridad judicial y que dos ellos, David Navarro y Adrián Martínez de Pinillos, fueron retirados por la Policía ante su negativa a apartarse de la puerta. Estos dos concejales, junto a varias personas más tendrán que declarar mañana mismo ante el juez de instrucción número 1 por un posible delito de resistencia.

José María González ha declarado hoy que “no puede ser que en una ciudad con más de 6.500 viviendas vacías se desahucie a familias sin tener una garantí habitacional”. Por eso, explica que “se intentó hasta el último momento a llegar a un acuerdo con la autoridad judicial. La decisión de desplazarnos allí y ocupar el zaguán no me parece ningún delito”.

Además de esto, afirma que considera esta acción de sus compañeros “un acto heroico, que llevaron a cabo como activistas”. Añade en este sentido que “su labor como concejales termina a la hora de mediar con las autoridades y luego actúan como personas humanas. Algún día la sociedad rendirá honores a este tipo de personas que ponen su cuerpo como escudo para defender los intereses de los demás”.

El alcalde no ha especificado si el Ayuntamiento se haría cargo de la posible multa que podría imponer el juez a los dos concejales, puesto que aún no hay conocimiento de que la misma se va a producir.

Respecto a las actuaciones que va a seguir llevando a cabo el Ayuntamiento ante este tipo de casos, González manifiesta que “nos sentaremos con los bancos, con los jueces de esta ciudad y con la Oficina Antidesahucios de la Junta de Andalucía para establecer un protocolo que evite estas situaciones. Lo que no puede ser es que se paguen diez días una pensión a estas familias y luego el Ayuntamiento se desentienda de ellas, como se hacía hasta ahora”.