Las administraciones públicas evitaron 300 desahucios en Cádiz sin puesta en escena

De manera callada, desde un despacho oficial o del director de una entidad bancaria. Sin gritos en la calle, ni puestas en escena las administraciones públicas evitaron alrededor de 300 desahucios en la capital gaditana a lo largo de 2014. La mayoría de ellos sentándose a negociar con bancos, ofreciéndoles una ayuda a propietarios en apuros o a inquilinos para ponerse al día con la renta. También lo han evitado dándole la vuelta a hipotecas abusivas, permitiendo que el afectado no forme parte de la dramática estadística de los lanzamientos. Tal vez se puede hacer más, pero hay que medir las maneras.

La escena que protagonizaron ayer los concejales de Por Cádiz sí se puede el pasado lunes ante la puerta de la finca en la que una familia iba a ser desahuciada no cambió las cosas.

El matrimonio salió igualmente de la vivienda, que es propiedad de un particular al que adeudaban el alquiler de dos años. Los ediles negociaron hasta el último momento tanto con el dueño como con el juzgado que había emitido la orden de desahucio y que había concedido previamente un plazo de veinte días para encontrar una «salida habitacional», por utilizar el mismo término que el nuevo equipo de Gobierno de Cádiz para hablar de soluciones.

La manera de actuar no se ha motivo un milímetro de la que ya se venía siguiendo, salvo por el episodio de ver a la Policía Nacional sacar uno por uno a los concejales. Tanto la Junta de Andalucía, a través de la Oficina Antidesahucios, como el Ayuntamiento de Cádiz lograron evitar en torno de 300 desahucios a lo largo de 2014. De ellos, 185 los resolvió el Consistorio con la entrega de ayudas económicas a familias para hacerle frente a la hipoteca de viviendas protegidas y el pago de alquileres. El dato lo ofreció la anterior regidora, Teófila Martínez, en una de las últimas juntas de gobierno local que presidió después de las elecciones. No ha sido posible llegar a todos los hogares afectados y para decidir a quién se ofrece el apoyo, se establecieron baremos y criterios técnicos para ayudar a aquellos que se encontraban en peores condiciones.

A los que irremediablemente llegó la orden de desahucio se les ha ofrecido la posibilidad de una financiación de hasta el 90% del alquiler durante un mínimo de seis meses. De ellos dependía encontrar ese nuevo domicilio y hacerse cargo del resto de la renta.

Las herramientas que tiene un ayuntamiento o una comunidad autónoma para evitar los desahucios son limitadas. Lo reconoce Juan Bermúdez (IU), alcalde de Conil, que es uno de los municipios que se ha declarado libre de desahucios y cuenta con menos casos en la provincia. «Fuimos uno de los primeros en hacerlo, aunque eso no quiere decir que hayamos cambiado las cosas, porque la Ley Hipotecaria está ahí y no tenemos capacidad para evitarla», señala. El regidor conileño asegura que «se trata de un posicionamiento político», que en la práctica ha servido para mejorar la predisposición de las entidades bancarias a la hora de gestionar un proceso de este tipo.

Municipio antidesahucio

Sin piquetes en la puerta, ni repercusión en los medios de comunicación, el equipo de Bermúdez ha logrado parar varios lanzamientos. Explica que «la situación es distinta cuando se trata de un propietario particular, porque siempre hay que respetar su voluntad sobre lo que quiere hacer con la vivienda». En todo caso, destaca que «el posicionamiento político es importante» para que los ciudadanos sientan también el apoyo de su administración más cercana.

Y desde 2013 los consistorios cuentan también con la Oficina Antidesahucios de la Junta, que ha tramitado desde entonces 1.400 expedientes en la provincia, de los que 127 han sido en la capital gaditana. Técnicos de esta oficina trasladan a LA VOZ que el mayor grueso ha sido a lo largo del año pasado cuando esta nueva ventanilla había comenzado a rodar con normalidad. Los técnicos señalan que se actúa en dos niveles, desde la prevención y desde la intermediación. El primero se activa cuando se producen los primeros impagos o hay un retraso y se asesora para negociar con el banco y hasta con el propietario. El segundo, implica ya una mediación de la administración para reestructurar una deuda, tramitar la dación en pago y hasta el alquiler social.

Llegar a tiempo

Las fuentes consultadas advierten de la importancia de llegar a tiempo al proceso y estar bien asesorado, porque «una vez emitida la orden de desahucio es muy difícil paralizarla». Lo máximo que se consigue es retrasar la salida de los inquilinos o de los hipotecados. Así se lo han transmitido a colectivos como la Plataforma Stop Desahucios e incluso a miembros del Círculo de Podemos en Cádiz con los que se ha reunido esta oficina para hablar de la situación y del proceso a seguir.

Y en opinión de estos trabajadores públicos, «es muy importante la función de ofrecer información que deben de llevar a cabo las administraciones». Habrá que valorar si resulta tan vez más útil que la de ponerse ante la puerta de una vivienda para impedir que se cumpla la orden de un juez.