Educación «no vio» delito donde la Agencia Tributaria, sí

La versión que ofrece Marta Meléndez sobre la gestión que realizó Fernando Ameyugo al frente del ISE y la que éste ha ofrecido ante el juez instructor tiene varios puntos en común. El más relevante es que antes de que la Agencia Tributaria, y después la Fiscalía de Cádiz, intervinieran en el ente público ante las sospechas de que podrían estar adjudicándose de forma irregular contratos y que había indicios de un posible desvío de fondos públicos, la Consejería de Educación tuvo encima de la mesa la denuncia de Marta Meléndez en calidad de administradora del ISE sobre materia de contratación en la gerencia gaditana y no se tomó ninguna medida. Según aseguró el propio Ameyugo, no vieron indicios de ninguna ilegalidad en 2008. Tres años después se producía la denuncia de Fiscalía apuntando al mismo periodo que supuestamente había analizado la Administración regional.

El recurso de Meléndez ante la Audiencia Provincial rescata alguna documentación que obra en el procedimiento, como las declaraciones que ya han efectuado imputados y testigos o informes elaborados por la Guardia Civil. Así se apoya en las manifestaciones vertidas por el propio Ameyugo quien reconoció que su subordinada había acudido al director general de ISE Andalucía en 2007 y a la que fuera consejera de Educación, María Teresa Jiménez en 2008, para comunicarles que no estaba de acuerdo con el sistema de contratación que se había impuesto en la gerencia gaditana, donde se aplicaba sistemáticamente el mecanismo del ‘dedazo’ del que se beneficiaban los mismos empresarios.

Ameyugo asegura que desde la Consejería se envió a Cádiz al director de Organización y Finanzas de Andalucía y al responsable de Recursos Humanos para que revisaran los expedientes señalados por Meléndez. Pero a nivel interno, el ente público no vio ningún tipo de irregularidad. El exgerente, además, basa su defensa en que su forma de proceder, de recurrir siempre a las mismas empresas, obedecía a la urgencia por acometer las obras, y que es práctica habitual en todas las gerencias provinciales trabajar así.

Un año después Marta Meléndez se marchaba a la oficina del Bicentenario de la Diputación. La edil socialista asegura que la mala relación laboral que mantuvo con Ameyugo fue la responsable de que estuviera de baja médica durante cuatro meses por ansiedad.

En 2010, la Agencia Tributaria comienza a reclamar información a ISE Cádiz tras detectar las primeras irregularidades en la facturación de la empresa de Rota Contratas y Mantenimiento Pacheco. En octubre de ese año, Fernando Ameyugo era cesado de su puesto. Aún no había saltado a los medios el escándalo del presunto desvío de fondos públicos y este cambio no trascendió. Sólo fue visible cuando en junio de 2011 LA VOZ informaba sobre la denuncia del fiscal por presunta malversación.

La entonces delegada de Educación, Blanca Alcántara, negó la mayor y aseguró que no había quejas con el trabajo desempeñado por Ameyugo. Meses después y rendidos a las evidencias que salían a flote en la investigación, la Junta anunciaba que se personaba en la causa.