La jueza Mercedes Alaya y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. :: EFE
ANDALUCÍA

Alaya versus Fiscalía

Anticorrupción insiste en poner el foco en las empresas que recibieron ayudas ante el temor de que prescriban los delitos de los primeros años La guerra soterrada entre la instructora y los fiscales del caso de los ERE estalla

SEVILLA.Actualizado:

Las tensas relaciones entre la Fiscalía y la jueza Mercedes Alaya desde el comienzo de la investigación del fraude en las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía de la pasada década, el llamado caso de los ERE, han saltado chispas esta semana. Alaya y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, han protagonizado un pulso que no solo les ha delatado como viejas rivales de los juzgados sevillanos, sino que ha dejado a las claras una desconfianza inquietante entre el ministerio público responsable de la acusación y la instructora de uno de los mayores casos de corrupción.

Una tensión que se remonta al comienzo mismo del caso Mercasevilla en 2009, del que parte el sumario de los ERE, cuando tras la denuncia de Juan Ignacio Zoido a la jueza de guardia, Mercedes Alaya, esta le quitó la investigación a la Fiscalía, a la que la Junta llevó la denuncia del soborno a dos hosteleros de la capital andaluza. Luego se descubrieron los primeros intrusos en un ERE del mercado mayorista y Alaya comenzó a tirar del hilo hasta llegar a lo que es hoy la macrocausa: 126 imputados tras la última operación Heracles, sin contar los nuevos acusados policiales.

Tras varios meses de iniciadas las diligencias sobre los ERE, a final de marzo de 2011, la Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del caso, enviando como delegado a Juan Enrique Egocheaga, que más tarde recibiría el apoyo de Manuel Fernández. Entonces ya estaba en pleno trance el sonado conflicto entre Alaya y la Junta de Andalucía por las actas de los consejos de Gobierno.

Desde entonces, ha sido un continuo goteo de escritos de una y otra parte en el que han exteriorizado sus discrepancias, reproches e incluso acusaciones veladas sobre el modo de llevar la investigación.

Con y contra la Junta

Ya en junio de 2011 a la jueza no le gustó el escrito de recurso de los de Anticorrupción volviendo a censurar su proceder en el conflicto de las actas: Defendieron frente a la jueza y en consonancia con la Junta que debía ser dirimido por el Supremo, como así fue, y cuestionaron su competencia sobre el acceso a toda la información de los consejos de Gobierno sin restricciones. También contrarió a la magistrada que los fiscales hayan recurrido el auto del pasado julio en el que señala como imputados a los aforados, entre ellos a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los fiscales lo califican de «inconsistente» y recuerdan que no tiene competencias para ello.

Pero no siempre ha partido la Fiscalía del lado de la Junta, personada como acusación particular. En muchos escritos ha terciado del lado de la jueza, como en el auto del pasado junio en el que esta imputaba a 20 cargos y excargos de los gobiernos socialistas, entre ellos Magdalena Álvarez.

Las diferencias entre fiscales e instructores son habituales, pero en este caso la tensión ha derivado casi en una guerra soterrada que ha estallado esta semana con dos cuestiones de fondo: la prioridad en la instrucción y las posibles prescripciones de los delitos que se investigan, dado que es muy largo el tiempo, algunos se remontan a doce años atrás.

La ficalía insiste a la jueza en poner el foco sobre las ayudas sociolaborales a empresas y sus titulares, sobre todo las de los primeros años, para evitar la prescripción «para aquellas personas que pudieran ser responsables de los hechos delictivos objeto de la investigación» y además permitir «el mayor reintegro posible de fondos públicos indiciariamente malversados». Hasta ahora Alaya había priorizado la investigación de intrusos, la de las sobrecomisiones de las mediadoras y la de la trama política relacionada con el procedimiento para conceder las ayudas, que ella considera ilegal.

La guerra afloró con un caso colateral al de los ERE, el de la venta de suelos de Mercasevilla por concurso público supuestamente amañada entre varios empresarios. Había imputados varios, entre ellos dos hermanos de la ministra Fátima Báñez, por supuestos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales. Alaya archivó las diligencias por prescripción de los hechos investigados.

Rifirrafe

Con una fiereza hasta ahora contenida, la instructora acusa a la Fiscalía Anticorrupción de provocar «cierto retraso» en la tramitación de la causa y de ocasionar un «esfuerzo inútil» al pedir que se investiguen delitos que ella cree que el ministerio público ya sabía que podían haber prescrito.

Tras el citado auto, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, hizo un comunicado para mostrar su sorpresa por las «expresiones gratuitas sobre el fiscal» de la magistrada, «absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial».

Pero la tensión siguió sobre el papel porque la cuestión de fondo, la prescripción de delitos, se cierne sobre el caso ERE. Alaya pidió a Anticorrupción que informe del tiempo de prescripción que «maneja» para decidir si «procede encomendar la investigación» a la Guardia Civil de las ayudas sociolaborales más antiguas. Los fiscales contraatacaron en un escrito el pasado día 17.

Prescripciones

Le recordaron que ya le habían reclamado esa investigación hace meses y volvieron a quejarse de no recibir la información precisa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. «No es posible con carácter previo ni en abstracto, tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión en tanto en cuanto no se reciban en las actuaciones los atestados de la UCO sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en el fraude».

En reiteradas ocasiones, los fiscales se han quejado a la jueza de ignorar sus peticiones de diligencias acordadas, de su «extraña dilación» de la instrucción y en la toma de declaraciones a imputados, o de retrasarle datos de la investigación policial provocándoles «indefensión» en su labor como acusación pública, como argumentaron en el escrito del 8 de mayo de 2012. «Se desconocen las directrices dadas para la investigación», se lamentaban sobre las instrucciones de la jueza a la UCO en el texto del día 17.

También han recomendado a Mercedes Alaya que pidiera ayuda ante un caso de «tan ingente información» y ante el peligro de prescripción de los delitos. La jueza siempre se ha negado a un colega de apoyo.