Morosos Unidos S. A.

Normalmente voy a desayunar a una cafetería llamada Bon Gout donde los hermanos aunque sobradamente trabajadores, José y Catherine, me ponen automáticamente el café con leche, la pulguita con tomate natural, aceite de oliva y el vasito de agua desatascador. En esos quince minutitos aprovecho para leer la prensa del día y así es como he descubierto esta mañana que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, representada por su Delegado territorial, Manuel Cárdenas, inauguró ayer una oficina de intermediación contra los desahucios. La citada oficina, denominada en ese lenguaje ambiguo y de género que usa nuestro gobierno andalusí como ‘punto de atención ciudadana’, forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Y me pregunto, ¿de la vivienda de quién? Sus objetivos son el ‘asesoramiento, protección o mediación en problemas de vivienda’ y está compuesta, entre otros profesionales, por ‘licenciados en Derecho’ cuya principal misión –que quizás linde el intrusismo profesional– es intermediar con las demoníacas entidades financieras en favor de los morosos.

Debo decir que me parece una grave falta de respeto al colectivo de los abogados gaditanos porque, por muy buenos que sean, no pueden competir con la gratuidad que ofrece la Administración pública. En vez de considerar a los letrados como los garantes –que son– del derecho de defensa del ciudadano, encima de no pagarle los atrasos del turno de oficio desde hace más de un año, la Junta decide ahora crear una oficina que los evite para ahorrar el gasto al moroso. Imagino que la Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz tomará cartas en el asunto y presentará su oportuna protesta, puesto que el ciudadano al que se dirige esta oficina, aquél que ha quedado en paro y que no puede abonar su préstamo, posee el derecho a la justicia gratuita, que hora se ningunea.

La Junta de Andalucía se pone igualmente en contra de las entidades financieras, aunque no se sabe si también asesorará y defenderá a los inquilinos morosos frente a sus arrendadores personas físicas. Habrá que escuchar a los adláteres de Emilio Botín –ésos de los que se pide colaboración en la mediación– sobre esta ocurrente manera de gastar nuestro dinero en favor del ciudadano insolvente; no será bonito. Ya sabemos de la falta de buen rollito existente entre la Administración autonómica y muchos bancos y cajas, que se niegan a adelantar el dinero de las subvenciones concedidas a las entidades con y sin ánimo de lucro que llegan como pueden a fin de mes por el impago de su conciertos.

Finalmente, debo expresar el miedo que me produce este proyecto tras haber conocido a innumerables propietarios de pisos de alquiler al borde de la autolisis. Me preocupa también que la citada oficina acabe siendo un simple medio para desviar pleitos a correligionarios o, peor aún, que se asesore al moroso, o sea, a la persona que incurre en mora debitoris, para dilatar en el tiempo su salida del inmueble del que ha de ser lanzado, perjudicando indebidamente el derecho del propietario. En definitiva, que se constituya la sociedad que da nombre a este texto, con la complacencia de nuestros gobernantes.