¿Habrá segundo rescate?

El anuncio por el BCE de la implantación de un mecanismo que actuará a modo de cortafuegos para contener los tipos de interés que han de abonar los estados de la eurozona con problemas para financiarse ha tenido por sí solo un efecto prodigioso, al menos momentáneamente: tras saberse que el Eurobanco estaba dispuesto a comprar ilimitadamente bonos de los países periféricos se reducía la prima de riesgo de los bonos españoles con respecto al bono alemán casi cincuenta puntos. Ello demuestra que la decisión de Mario Draghi, quien debe haber tenido que mantener un difícil equilibrio entre partidarios y adversarios de la medida dentro y fuera de Alemania, protege sobre todo la estabilidad del mercado de capitales y defiende al euro, además de aliviar la posición de los países más problemáticos.

Los expertos piensan, en fin, que la propia existencia del cortafuegos, que sólo se aplicará a los países del Eurogrupo que lo soliciten y bajo estrictas condiciones, tendrá un efecto espontáneo a la baja sobre las primas de riesgo pero dudan mucho de que sea suficiente para hacer que la deuda de España e Italia pueden financiarse a un coste sostenible si estos países no dan el paso de solicitar la ayuda „el rescate„ y el BCE procede a la compra de bonos? hasta que la prima de riesgo alcance un nivel que se considere "aceptable" (no se ha definido ese umbral tan decisivo).

En otras palabras, Draghi ya ha cumplido con su misión, a costa de imponerse a las ideas del Bundesbank, y ahora Rajoy en España y Monti en Italia tendrán que tomar la gran decisión: aceptar el rescate, pagando el precio político de tener que solicitar otra ayuda externa y efectuando otra cesión de soberanía en el correspondiente memorándum de conformidad, o capear el temporal de la deuda, tratando de seducir a los mercados con propuestas eficaces y resultados convincentes, si es que se tiene capacidad para ello.

Los analistas coinciden en que, tal como se han planteado los acontecimientos, Rajoy goza de un cierto margen de tiempo para tomar esta decisión crucial. Tiempo que debería aprovechar para negociar sotto voce los términos del hipotético memorándum por si fuera preciso adoptarlo. Muy probablemente, España conseguiría que no se le aplicaran condiciones adicionales al compromiso de convergencia, que como se sabe nos obliga a reducir este año el déficit público al 6,3%; si acaso, se nos pedirían algunas medidas adicionales para reforzar la garantía. Pero el problema surge de que, según todos los observadores independientes, España no cumplirá este objetivo, dado que el déficit ya se halla en el 9% del PIB en los siete primeros meses del año, por más que haya que descontar ciertos anticipos de caja.

Así las cosas, lo lógico sería que, mientras los mercados nos contemplan, el Gobierno concluyera las reformas estructurales en el escalón administrativo municipal „hay que sacara adelante una reforma ambiciosa de la Ley de Bases que todavía puede consensuarse con la oposición„ y en el autonómico, mediante un conjunto de acuerdos de armonización (una LOAPA no es posible, como ya dictaminó en su momento el TC). Y, con este bagaje, Rajoy debería intentar salir adelante sin rescate, o, en el peor de los casos, conseguirlo sin tener que someter a la ciudadanía a nuevos e insoportables sacrificios.