El PSOE busca implicar a los municipios de la Sierra en la defensa del sector olivarero ante la reforma de la PAC

Los grupos municipales socialistas en localidades cuyo tejido económico se asienta en mayor o menor medida en el sector del olivar, fundamentalmente en la comarca de la Sierra de Cádiz, llevarán a sus respectivos plenos una moción en defensa de ese producto. Básicamente, la moción socialista busca instar al Gobierno de Andalucía y al Gobierno de España a reclamar a la Unión Europea que la futura Política Agrícola Común (PAC) contemple medidas que garanticen la renta de los olivareros, contribuyendo de esa manera a fijar la población en el medio rural.

Paralelamente, la referida moción busca el respaldo de las Administraciones central y autonómica para que la UE actualice el umbral de precios de activación del mecanismo de almacenamiento privado en el aceite de oliva, ya que el actual no se corresponde con la realidad del mercado; y todo ello con la vista puesta en que las futuras ayudas directas establezcan criterios objetivos de diferenciación que permitan mantener el apoyo adecuado al olivar, en reconocimiento a su singularidad.

La moción que los grupos socialistas llevarán a sus respectivos plenos incluye que se traslade al Gobierno de España el firme apoyo de cada uno de esos municipios a su petición de activación del mecanismo de almacenamiento privado por grave perturbación en el mercado del aceite de oliva, que tanta influencia tiene en la situación actual de precios. Esta moción busca igualmente trasladar al Gobierno de Andalucía el apoyo de las distintas corporaciones al proyecto de Ley del Olivar.

El documento que será llevado a los plenos de estos municipios recoge que "el olivar es un cultivo permanente característico de las regiones mediterráneas, que ha definido nuestro paisaje andaluz, y que constituye uno de los principales ejes de la realidad social, territorial y económica" de cada una de estas localidades, y que en Andalucía se convierte en uno de los principales sectores agrarios: así, representa la principal actividad en más de 300 municipios, genera el 32 por ciento del empleo agrario andaluz, proporciona más de 22 millones de jornales al año y produce el 30 por ciento del aceite de oliva y el 20 por ciento de la aceituna de mesa a nivel mundial. Además, hay que tener en cuenta que del olivar depende un sector agroindustrial y de investigación muy desarrollado.

Precisamente en estos momentos en los que se afronta la reforma de la política agraria en el seno de la UE, cuando se trata de asegurar la viabilidad del cultivo y del sector industrial ligado al mismo, es vital esta defensa del olivar; máxime cuando se tiene en cuenta su papel clave para el mantenimiento del empleo en el 20 por ciento de los municipios andaluces.

La moción presta especial atención a aquellas comarcas que, como la Sierra de Cádiz, tienen la consideración de olivar de montaña. "Es importante conocer que en Andalucía, el 40 por ciento del olivar se ubica en pendientes superiores al 20 por ciento, con las siguientes consecuencias: no existe alternativa para otro aprovechamiento agrícola; no es mecanizable, por lo que el nivel de empleo que genera es muy considerable; y preserva la biodiversidad y previene la erosión de estos territorios, ya que el 23 por ciento de los terrenos de olivar está sometido a un riesgo de erosión alto y muy alto, y el 25 por ciento a un riesgo moderado", dice la referida moción.

El documento impulsado por los grupos municipales socialistas en las diferentes localidades con intereses en el sector del olivar recuerda además que "cualquier cambio en la configuración de las ayudas agrarias tendrá una importante repercusión en este sector, puesto que por su importancia agrícola también le han correspondido hasta ahora, aproximadamente, el 50 por ciento de los pagos directos de Andalucía". Por todo ello, el PSOE considera que se abre "una nueva etapa" con la vista puesta en un proyecto estratégico con el horizonte de 2020, una vez que el pasado 18 de noviembre la Comisión Europea presentó la propuesta oficial de reforma de la PAC, con lo que marcó el inicio de un proceso de debate que culminará a finales de 2012 pero cuyos efectos se prolongarán al menos hasta el final de la década, tanto para los productores como para el sector industrial y para los municipios sobre los que se asienta esta actividad.