El SAS indemniza con 106.000 euros a los padres de una joven de 22 años que falleció en Urgencias

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dictado una resolución por la que indemniza con 105.711 euros a los padres de una joven de 22 años que falleció en agosto de 2006 tras ser atendida "incorrectamente" en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Puerto Real.

En un comunicado, el Defensor del Paciente aseveró que la joven falleció "por un defectuoso tratamiento médico recibido" tras ingresar en el servicio de Urgencias aquejada de un dolor torácico a nivel de los hombros y reborde costal izquierdo, sin fiebre, con tos irritativa, y que aumentaba con los movimientos y la tos.

Así, le realizaron una auscultación pulmonar y cardiaca sin hallazgos patológicos. En las extremidades inferiores descartaron signos compatibles con una trombosis venosa profunda, el hemograma, la bioquímica y el estudio de coagulación también eran normales. En la radiografía de tórax tampoco había infiltrados o derrames torácicos.

En resumen, la clínica inicial era inespecífica y se desconocía el origen del dolor, por lo que se consultó con Medicina Interna, que consideró la posibilidad del tromboembolismo pulmonar (TEP) y le solicitó de urgencias un TAC helicoidal, pero se suspende porque "la paciente se asfixiaba al tener los brazos en la nuca". Posteriormente, el internista dio el alta a la paciente con diagnóstico de dolor osteomuscular con contractura muscular y ansiedad.

El Defensor del Paciente relató que el dictamen del Servicio de Aseguramiento y Riesgos, dictamen pericial encargado por el propio SAS, estableció que en la asistencia recibida ese día "se echa en falta la realización de una gasometría arterial y de una ganmagrafía pulmonar, ambas pruebas están indicadas en caso de dolor torácico y disnea", concretamente la última prueba ante la sospecha de un posible embolismo pulmonar.

Según dijo, la condena es por "conducta omisiva" en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas. Así, señaló que el SAS concluyó en su resolución que "puede establecerse la existencia de una relación de causalidad" entre el fallecimiento de esta joven y la falta de realización de pruebas diagnósticas, por lo que acordó una indemnización de 105.711 euros a favor de los padres progenitores de la fallecida.