El Gobierno se corrige

La dubitativa aproximación mediante la que el Gobierno ha procedido a la revisión de la edad legal de jubilación, con el objetivo de elevarla hasta los 67 años; su decisión de proceder a un drástico recorte presupuestario -50.000 millones en pagos de todas las administraciones hasta 2013- a fin de contener un déficit público desbocado; y el reconocimiento, a luz de la última EPA, de que el paro puede alcanzar en 2010 al 20% de la población activa constituyen la demostración más palpable de cómo José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a desprenderse de su 'optimismo antropológico'. Y lo ha hecho, justamente, cuando parecía que las noticias de una próxima recuperación le estaban llevando a mantenerse en sus trece. Está claro que la preocupante pérdida de credibilidad de la economía española dentro de la eurozona ha resultado decisiva en la mencionada corrección. Pero precisamente el hecho de que las decisiones del Consejo de Ministros de ayer tuvieran que estar precedidas de manifestaciones especialmente críticas hacia los riesgos que entraña la economía de nuestro país, no sólo para su propia reactivación sino incluso para que el conjunto de Europa deje atrás la recesión, desacredita a un Gobierno que durante tanto tiempo se ha negado a atender las indicaciones más preocupadas.

Sin ir más lejos, ésa fue la reacción con la que despejó el emplazamiento que para las responsabilidades del Ejecutivo suponía el pronóstico realizado por el Fondo Monetario Internacional, situando a España como la única de las grandes economías que seguirá decreciendo durante 2010. Es imprescindible que el Gobierno de Rodríguez Zapatero asuma con determinación un liderazgo político capaz de lograr que la economía española acorte distancias respecto al momento que atraviesan las de los demás países del euro. Y ello en los tres ámbitos que fueron noticia ayer: el empleo, el control del déficit y el diseño de un horizonte con garantías para las coberturas sociales.

Riesgo de incoherencia

La decisiones apuntadas en el Consejo de Ministros desembocarían en una actuación incoherente si, junto a ellas, el Gobierno continúa resistiéndose a asumir un papel de mayor protagonismo en la orientación del diálogo social, para así preservar el clima de complicidad que ha venido manteniendo con las centrales sindicales; y que explica en buena medida la baja conflictividad generada en torno a la crisis, cuando ésta ha disparado la cifra de parados hasta los 4,3 millones de personas. De la misma forma que ha sido capaz de idear una propuesta de revisión del actual sistema de pensiones que afecta a un aspecto tan sensible como la edad legal de jubilación, es imprescindible que afronte con mayor decisión que la sugerida hasta ahora las reformas que precisaría el mercado de trabajo, tanto en su vertiente normativa como en lo que respecta a la negociación colectiva. El desacuerdo mostrado por los sindicatos ante la propuesta de prolongar la vida laboral hasta los 67 años puede encrespar momentáneamente el ánimo de las centrales en el marco del diálogo social. Pero sería una irresponsabilidad por parte del Gobierno que tratase de restablecer su crédito exterior a cuenta del reajuste presupuestario anunciado y de una modificación a medio plazo en el sistema de pensiones, a cambio de retraerse ante los representantes sindicales absteniéndose de formular iniciativas de flexibilización en el ámbito de las relaciones laborales.